La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) vuelve a alzar la voz ante una situación insostenible en la Comandancia de Badajoz y expone cómo el uso abusivo del régimen disciplinario y penal contra sus representantes, no solamente vulnera Derechos Fundamentales, sino que retira agentes de las calles injustificadamente.
Lo que debería ser una gestión leal de los recursos humanos, se ha convertido en una campaña sistemática de acoso contra los representantes de los trabajadores. El último episodio confirma un patrón preocupante: la utilización no solamente de la “maquinaria disciplinaria”, sino también la “maquinaria penal” para intentar silenciar a quienes denuncian irregularidades.
Crónica de una persecución fallida
El caso más reciente afecta a Braulio J. Calvo, secretario general provincial de AUGC en Badajoz.
En enero de 2025, un equipo del servicio de Asuntos Internos desplazados desde Madrid le tomó declaración como investigado por un supuesto delito de revelación de secretos, ¿El motivo? Consultar en la base de datos el DNI de su propio hermano.
La “maquinaria” se activó con una desproporción alarmante:
- Vía Penal: El caso llegó al Juzgado nº 3 de Badajoz. La Juez titular, en consonancia con la Fiscalía, archivó la causa inmediatamente. No existía delito alguno; la consulta fue legítima.
- Vía Disciplinaria: Pese a la falta de recorrido penal, la Guardia Civil abrió un expediente por falta muy grave, alegando abuso de atribuciones y daño a los ciudadanos.
- El castigo anticipado: Sin esperar a la resolución, se suspendió al agente de sus funciones durante cuatro meses, solicitando además su cese en el destino.
Un año después, tras marear la perdiz y someter al agente y a su familia a una presión injustificable, la propia Guardia Civil ha tenido que archivar el expediente sin responsabilidad alguna. Los Jueces y AUGC tenían razón: no había nada, por más que algunos personajes quisieran construir “castillos en el aire”.
De sanción disciplinaria a intento de cárcel. Una escalada peligrosa
Desde AUGC advertimos un cambio de estrategia en la cúpula de mando. Ya no se conforman con expedientes disciplinarios; ahora buscan la imputación penal de los representantes asociativos.
Braulio ya sufrió anteriormente la apertura de un procedimiento ante un Tribunal Militar, acusado de deslealtad e insultos por denunciar irregularidades por parte de un teniente. La Justicia Militar no solo exculpó al representante de AUGC, sino que una Juez Militar señaló la falsedad de los testimonios de los mandos denunciantes (un Teniente y un Comandante). Sin embargo, la Justicia castrense, en un corporativismo mal entendido, archivó las actuaciones sin exigir responsabilidades a dichos oficiales.
Este caso se suma al del Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de AUGC en Badajoz, Serviliano Valencia, sancionado el año pasado por consultar la matrícula de un vehículo usado por un prófugo.
En lugar de ser felicitados por su actuación profesional, son perseguidos.
El verdadero perjudicado: La Seguridad Ciudadana
Este acoso institucional tiene una víctima colateral directa: la seguridad de los españoles.
Mientas la “cadena de mando” dedica ingentes recursos, tiempo y dinero público en fabricar acusaciones contra los representantes de AUGC, se descuida el servicio. La suspensión cautelar de cuatro meses impuesta a nuestro secretario general en la provincia de Badajoz implicó que, durante ese tiempo, hubo un guardia civil menos patrullando las calles y protegiendo a los ciudadanos de Badajoz.
Después nos sorprendemos de que no haya personal suficiente para garantizar la seguridad ciudadana, pero a algunos mandos no les tiembla el pulso a la hora de mandar a un agente a casa por intereses espurios y venganzas personales.
Desde AUGC exigimos el fin inmediato de esta persecución que recuerda a los tiempos oscuros del sindicalismo clandestino de los años 90. Defender los Derechos de los Guardias Civiles es defender la calidad del servicio público que recibe la sociedad.
¡NO NOS CALLARÁN!