Un régimen disciplinario de un solo sentido

Un régimen disciplinario de un solo sentido

Cadiz

Manifestación 14N

Guardia Civil: Un cuerpo policial con jerarquía y disciplinas militares. Militares: personas con valores a los que se les exige por su condición un grado mayor de compromiso, lealtad y sacrificio.

¿Pero qué pasa cuando la disciplina, el honor, la entrega, el cumplimento exacto de las órdenes y normas sólo se les exige a los de más baja graduación? Pues que esos valores, adquiridos desde las academias para crear mujeres y hombres obedientes, se tambalean y pierden credibilidad.

Hace ya tres años, algunos mandos del Cuerpo en la provincia de Cádiz decidieron movilizarse para acabar con la representación de AUGC, atacando a los miembros más activos que, casualmente, se concentraban en el Puesto de Arcos de la Frontera. El grave delito cometido por los representantes de AUGC fue convertir a esa unidad en la pionera en la reclamación de los derechos laborales de los guardias civiles. El plan para acabar con ello, aún activo, era sencillo: utilizar el régimen disciplinario para represaliar a esos representantes.

De ese modo, y convirtiendo como objetivo número uno al Secretario de Asuntos Jurídicos, BRS, fueron abriendo una serie de expedientes disciplinarios contra su persona hasta que nuestro compañero acabó causando baja laboral por motivos psicológicos hace ya casi un año.

El número total de expedientes abiertos contra BRS en este tiempo ha sido de ocho. Dos de ellos cerrados sin responsabilidad, puesto que hasta el instructor de los mismos veía la falta total de motivos para seguir adelante. Aun así, allí donde de manera torticera e incluso forzada los mandos podían continuar con el expediente lo finalizaban con resoluciones que iban desde la suspensión de empleo y sueldo de 5, 10 y 15 días, hasta la propuesta de destierro, medida que actualmente se encuentra en proceso y que aún no ha sido resuelta. En este tiempo, a BRS, se le ha suspendido de empleo y sueldo por un total de 2.300 euros.

Además de a BRS, hasta un total de ocho agentes de los Puestos de Arcos de la Frontera, y tres del Puesto de Ubrique se han visto sancionados en este período, cuando en los quince años anteriores tan sólo se habían registrado dos expedientes disciplinarios. La situación creada ha propiciado además que 14 agentes se encuentren de baja por motivos psicológicos, teniendo que reorganizarse los servicios con el traspaso de agentes del puesto de Algodonales, con el consiguiente perjuicio a esa población y localidades vecinas, que pierden presencia policial en sus calles.

AUGC no ha permanecido ajena a este flagrante caso de acoso laboral e institucional contra sus asociados en la sierra de Cádiz. Además de llevar las defensas en todos los casos toma la iniciativa para seguir contestando y poniendo en evidencia lo que nos parece el mayor ejemplo de retroceso y pérdida de derechos que, una vez abierta la veda, es impulsado desde las Jefaturas de la Comandancia de Cádiz y la Zona de Andalucía. Una de esas iniciativas fue estudiar algunos casos de pisoteos de derechos a nuestros asociados y solicitar en su caso la apertura de expedientes disciplinarios contra aquellos mandos que incumplían con sus obligaciones.

De esa manera, en octubre se elevó denuncia contra el Capitán de la Compañía en Villamartín, que había contestado una solicitud de otro miembro de esta asociación, menospreciando y ridiculizando a éste por escrito, además de rechazar lo que éste peticionaba ajustado a derecho. El Capitán no solo vertía juicios de valor fuera de tono en su escrito de resolución, sino que alegaba también que los supuestos "descansos" que el agente tenía reconocidos para dedicarlos a asuntos asociativos no le daban derecho alguno a protestar por el nombramiento de servicios que no respetaban el descanso diario reglamentario.

De esta manera, se evidenciaba de manera notoria el odio que a ciertos mandos les causa la existencia de AUGC y sus actividades. Paralelamente, se elevó denuncia contra un suboficial de Arcos, que encumbrado en su despacho modificaba los servicios nombrados e, incumpliendo lo regulado en la normativa, no avisaba de dichos cambios a los afectados, causando por tanto los perjuicios evidentes de tener que ir adaptando la vida familiar y social de los agentes a los caprichos de la providencia.

Pues bien, en estas fechas hemos recibido contestación a ambas denuncias con la escueta respuesta de que "no proceden". Lo que significa que ni siquiera se abre un procedimiento para averiguar si han cometido o no algún ilícito disciplinario, sino que directamente se rechaza la pretensión del denunciante que había visto mermado sus derechos y optado por esta vía, en el uso que la legislación vigente permite.

Técnicamente avalan que un mando insulte a un subordinado, o que los agentes vivan ajenos al conocimiento de sus horarios, a pesar de que ambas situaciones están protegidas y consagradas por la legislación que afecta a la Guardia Civil. Hay que señalar que, uno de los expedientes abiertos a BRS, fue sancionado por cometer una falta grave, consistente en plasmar en el parte de un servicio, que "le parecía ética poco ético anotar los datos de los ciudadanos para incluirlos en una base de datos, sin que éstos supieran el uso que se les iba a dar a dichos datos". Esta frase fue entendida como una falta contra la disciplina y castigada con la suspensión de empleo y sueldo de 15 días.

AUGC continuará no obstante manteniéndose firme contra todos estos ataques. Por encima de las sanciones, los agravios, los abusos, la malentendida jerarquía, el rancio corporativismo, y el sistema feudal que algunos se empeñan en mantener, están el sentido de JUSTICIA, el convencimiento de estar haciendo bien las cosas, la fuerza de la razón, y quizás algún día, el reconocimiento judicial en el que se ha depositado un futuro de normalidad, modernidad y profesionalidad para que por una vez, la clase dirigente de este Cuerpo Policial entiendan que su naturaleza es el servicio al ciudadano, y no el mantener a toda costa un sistema de privilegios a costa de los derechos de los agentes que en última instancia, son los que realmente interactúan día a día con los españoles en la calle.

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