Una parte de estos guardias optó voluntariamente por realizar dicho periodo de prácticas en especialidades, como fue el caso de quienes cursaron la formación de las especialidades de tráfico, fiscal y GRS. Como consecuencia de estar inmersos en un curso de especialización, estos guardias quedaron excluidos de la posibilidad de solicitar vacantes de Seguridad Ciudadana que sí fueron ofertadas al resto de compañeros que habían finalizado el periodo de prácticas.
Esta circunstancia generó ya entonces una evidente desmotivación, especialmente de cara a futuros guardias que puedan plantearse optar por una especialidad durante su fase formativa.
Desde la Comisión Permanente de Destinos se trasladó a las asociaciones profesionales que, para garantizar que estos guardias pudieran desempeñar funciones acordes a la especialidad en la que se habían formado, no serían destinados de manera forzosa en ese movimiento.
Sin embargo, tras el avance de destinos ofertado el 11 de noviembre del pasado año, hemos conocido que aquellos guardias que no solicitaron destino han sido finalmente destinados forzosamente a unidades de Seguridad Ciudadana, ignorando completamente la formación especializada que la propia administración había promovido y financiado.
Este hecho supone un claro despilfarro de dinero público, al haberse invertido recursos económicos y humanos en una formación técnica especializada que, posteriormente, no puede ser aprovechada. Además, evidencia el fracaso del modelo de formación de especialidades durante el periodo de prácticas, así como una política errática y contradictoria en materia formativa y de planificación de recursos humanos.
Lo más grave es que, conforme al Reglamento de Destinos, al haber sido destinados forzosamente por carecer de destino, una vez finalizado su periodo de prácticas y mientras prestaban servicio en comisión, la servidumbre por razón de título desaparece, lo que agrava aún más el despropósito. La Administración ha invertido una importante cantidad de dinero público en formar a estos guardias para, finalmente, perder toda posibilidad de aprovechar el talento y la capacitación adquirida.
Desde AUGC reclamamos una revisión urgente de este modelo, coherencia entre la formación impartida y los destinos asignados, y una planificación responsable que respete tanto el esfuerzo de los guardias civiles como los recursos públicos invertidos.