La decisión del Gobierno de ampliar, de forma voluntaria, la edad de jubilación de los guardias civiles hasta los 65 años, es, una vez más una forma de parchear los problemas que verdaderamente hay en el Cuerpo.
El ejecutivo pretende comenzar las reformas que se necesitan en la Guardia Civil sin hacer primero los deberes. AUGC considera que no se puede pretender ampliar la edad de jubilación de los agentes sin antes dotarlos de un catalogo de puestos de trabajo en el que quede bien especificado cuales son los puestos definidos para los agentes mayores de 50 años. Policía nacional si cuenta con catálogo de puestos y con trabajos destinados exclusivamente a los agentes que pasan a segunda actividad. Todos puestos burocráticos, de oficinas, destinos más acordes con su capacidad física operativa. A nadie le puede caber en la cabeza que con 50 años un agente pueda correr detrás de un delincuente 30 años más joven, la imagen resultaría ridícula, propia de la saga Torrente.
Para AUGC lo que el gobierno debería haber emprendido hace ya años, como se le ha estado exigiendo, es una verdadera reforma estructural de la Guardia Civil, que además de suponer un gran ahorro económico para el Estado, serviría para optimizar los recursos personales con los que cuenta.
En primer lugar, para evitar que los puestos burocráticos estén ocupados por personal joven más preparado, debería afrontarse un verdadero plan de formación para ayudar al reciclaje de los agentes mayores de 50 años.
En segundo lugar, AUGC considera primordial acometer una reforma del despliegue territorial de la Guardia Civil que data de su fundación. Tal y como está desplegada en la actualidad no es ni operativa ni eficaz con provincias en las que no hay ni un solo Puesto Principal y con muchos puestos de apenas siete agentes. Esta dispersión es desde el punto de vista económico cara y si atendemos a la seguridad inoperante. Por lo tanto, en estos momentos de crisis económica en los que se habla incluso de suprimir Diputaciones para ahorrar en gastos, AUGC pide al Gobierno que deje de parchear y afronte una verdadera “dasamortización de Mendizabal” dentro de la Guardia Civil. Porque de esta manera, además de ahorrarle al Estado y a los contribuyentes, ofrece a los ciudadanos una operatividad policial y seguridad acorde con los tiempos actuales.