AUGC ha tenido conocimiento de que la “cúpula” de la Guardia Civil está intensificando su actividad con la finalidad de construir un escenario regresivo en relación a los derechos que tienen reconocidos los guardias civiles. Efectivamente, después de promover un intento de prohibición del derecho fundamental de reunión – felizmente impedido por la Defensora del Pueblo a instancias de AUGC – ahora le toca el turno a la libertad de residencia y al derecho a la salud.
AUGC ha podido conocer que los mandos se están dando mucha celeridad en redactar, aprobar y publicar el proyecto que modifica la orden general sobre lugar de residencia, desplazamientos y localización del personal de la guardia civil (“Orden General por la que se modifican determinados preceptos de la Orden General, número 2, de 13 de enero de 2.003, sobre lugar de residencia, desplazamientos y localización del personal y de la Orden General, número 11, de 18 de septiembre de 2.007, sobre bajas para el servicio por motivos de salud”).
Aprovechando el vacío de poder, la ausencia de control y de ejercicio de las competencias propias de quien ha de dirigir el principal cuerpo de policía del Estado, se pretende someter a autorización previa la residencia temporal en lugar distinto al destino, de las guardias y los guardias civiles que estén de baja para el servicio por motivos de salud. Además, se complica de manera incomprensible los trámites ligados a la bajas por motivos de salud. Lo que implica una clara la regresión a tiempos que se pensaban olvidados en estas materias.
Para AUGC resulta además indignante que una vez más se haya ninguneado al Consejo de la Guardia Civil no remitiéndole el proyecto para su estudio y evaluación y que además se haya ignorado el contenido de los artículos 21 y 23 de la Ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
AUGC considera absolutamente rechazable que, a días vista de las Elecciones Generales del 20N, se pretenda tomar este tipo de decisiones, que constituyen un aspecto sustancial de la política de personal de la Guardia Civil y que, por ello, debería quedar condicionado y subordinado a las decisiones que sobre estas cuestiones pueda tomar el nuevo Gobierno y, singularmente, quien sea designado para la cartera de Interior.
Una vez más AUGC se ve obligada a denunciar una situación que es contraria a la legalidad y que además contraviene los más elementales principios democráticos, de respeto a la voluntad y soberanía populares.