LOS TRIBUNALES REBAJAN LAS SANCIONES DEL 20-E. AUGC RECURRIRÁ: FUE UN ACTO HONORABLE Y DEMOCRATICO

El 20 de enero de 2007 es una fecha histórica y emblemática para el movimiento asociativo en la Guardia Civil. Aquel día más de tres mil guardias civiles de uniforme, junto a cientos de familiares, se concentran de nuevo en la Plaza Mayor de Madrid. En ese lugar se había instalado un gran estrado con una pancarta con el lema del acto, «Derechos, ¡ ya !», ante la que se situaron todos los miembros de la Junta Directiva Nacional de AUGC y otros 40 dirigentes vistiendo sus uniformes reglamentarios. Inmediatamente delante se encontraba el espacio reservado para los intervinientes y la prensa, y detrás... la fiesta: otros 3.000 guardias civiles uniformados y con tricornio, aunque sin el arma reglamentaria, y otros 10.000 más de paisano, que no dejaban de corear lemas y consignas, gritando hasta la afonía y aplaudiendo los mensajes que lanzaban desde el escenario los invitados que iban hablando. El filósofo Fernando Savater fue el encargado de leer un manifiesto «con mucho orgullo y agradecimiento -según dijo- como español y sobre todo como vasco», y en el que se reclamaba «dejar atrás la miseria de derechos con los que la historia ha tratado a este Cuerpo para que llegue la hora del cambio». Además, el texto rechazaba la reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil planteada por el Gobierno, porque es «más duro que el que se aplica al resto de los cuerpos policiales», y se exigía al Ejecutivo «cumplir con los compromisos adquiridos en su programa electoral». En la Plaza Mayor, AUGC recibía el apoyo y el respaldo a sus reivindicaciones de representantes de otros cuerpos y asociaciones, como el Sindicato Unificado de la Policía, el sindicato de la Ertzaintza ErNE, el Sindicato de Policías de Catalunya-Mossos d·Esquadra, el Movimiento contra la Intolerancia, el Movimiento pro-Derechos Humanos, CC.OO., Eurocop, y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), cuyo presidente, Jorge Bravo, será encarcelado durante un mes y diez días por intervenir en el acto de la Plaza Mayor después de la instrucción de un expediente militar por falta muy grave plagado de falsedades y en el que, ente otras cosas, se decía que Bravo había hecho uso de su condición de militar durante su intervención (en ningún momento lo hizo) y que al acudir a la concentración vestido de paisano y estar los guardias de uniforme, «destacaba más». El secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, animó a los agentes «a seguir la lucha sindical», y elogió que hubieran «salido del armario con orgullo» con su presencia uniformada. Las imágenes de la Plaza Mayor de Madrid charolada, repleta de guardias civiles uniformados, ocupa las primeras planas de los principales medios informativos y la apertura de casi todos los telediarios. Pocas horas después de la concentración, se reúne en el Ministerio de Defensa el Consejo Superior del Ejército de Tierra, presidido por el ministro, José Antonio Alonso. En este encuentro, los generales en activo trasladan a Alonso el malestar de la cúpula militar por el acto de AUGC y sus repercusiones mediáticas y sociales. El ministro -según desvelarán aquellos días varios periódicos- ordena «no tolerar ningún brote de indisciplina y evitar el contagio de las Fuerzas Armadas por este tipo de asociaciones reivindicativas». Inmediatamente después de este encuentro, el entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ordena a los servicios jurídicos del Instituto Armado la elaboración de un informe para comprobar si los participantes en la concentración han cometido alguna falta disciplinaria. Tras examinar el numeroso material publicado en prensa, así como el informe que de la concentración realizó el Servicio de Asuntos Internos, los servicios jurídicos concluyen que 21 de los participantes incurrieron en falta muy grave ya que, de acuerdo con el entonces vigente régimen disciplinario de la Guardia Civil, se consideraba una falta muy grave la cometida por aquellos que «manifiestan una actitud abiertamente contraria al ordenamiento constitucional o tengan conductas contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la Institución». Con este argumentario en la mano, Mesquida ordena la incoación de expedientes disciplinarios por falta muy grave contra los dirigentes de AUGC que ocuparon la tarima durante el desarrollo del acto (finalmente serán 21 los sancionados). Además, estos agentes son separados del servicio cautelarmente durante 3 meses, mientras se instruyen los correspondientes expedientes sancionadores, que pueden suponer para todos ellos la separación del servicio definitivamente (expulsión del Cuerpo), o la suspensión de empleo y sueldo hasta por un año. Al final las sanciones fueron de un año de suspensión de empleo y sueldo para el secretario general de AUGC, Joan Miquel Perpinya; de seis meses para el secretario de Comunicación, Juan Antonio Delegado Ramos y el resto de dirigentes fueron sancionados con 3 meses. Pues bien, recurrido la sentencia, el Tribunal Central de Justicia Militar ha bajado la calificación de falta muy grave a grave y rebajado sustancialmente las sanciones impuestas, dejándolas en 3 meses para Joan Miquel y un mes para el resto de compañeros. La valoración política es obvia: al Gobierno se le fue la mano en sancionar un acto que se desarrollo ejemplarmente y que, con la normativa vigente en aquel momento, no podía ser sancionado con esa dureza. Fue una sanción, además, con premio pues el Gobierno llevo al Parlamento las leyes prometidas. Y ello y no otro era el objetivo de AUGC con dicha concentración. Y se logró. Por todo ello AUGC recurrirá la sentencia e incluso la llevará al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Porque estamos convencidos de la total inocencia de los compañeros y de la legitimidad de aquella concentración, democrática, pacifica y honorable. SANCIONADOS 20-E Joan Miquel Perpinya. Secretario General AUGC. Juan A. Delgado Ramos. Secretario de Comunicación JDN-AUGC Jose Julio González. Secretario de Organización JDN-AUGC. Jesús Salvador Santamarta. Secretaria de Finanzas JDN-AUGC. Alberto Moya. Secretaria Jurídica JDN-AUGC. Francisco Tebar. Secretario formación JDN-AUGC. María del Mar Camacho. Secretaria mujer JDN-AUGC. Jose Antonio Agudo. Secretaria de Acción Asociativa JDN-AUGC. Juan Couce Bouza. Secretario General Las Palmas. Joaquín Canovas García. Secretario General Madrid. Pedro Fresneda Díaz. Secretario General Murcia. Antonio Gaspar Jurado. Secretario General Málaga. Cristóbal Soria Sánchez. Secretario General Teruel. Jesús Molins. Secretario General Zaragoza. Martín Hernando Ávila. Secretario General Burgos. Jose Encinas García. Secretario General Cádiz. Jose Agustín Clemente. Secretario General Albacete. Juan Amado González. Secretario General Ceuta. Ángel Morales. Secretario General Baleares. Alfonso Carrasco Llamas. Secretario General Córdoba. Manuel Monsalvez, Secretario General Alicante.