AUGC lo advirtió, pero a pesar de estas advertencias, la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) no tomó las medidas oportunas para mitigar los riesgos asociados. En consecuencia, se están produciendo interpretaciones y abusos contra los derechos de los guardias civiles.
AUGC insta a la DGGC a solucionar este grave problema y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación de la normativa y la protección de los derechos de los guardias civiles.
Y es que, apenas unos días después de la entrada en vigor del Real Decreto 67/2026, que regula la incapacidad temporal en el Cuerpo, el jefe de la Comandancia de Algeciras ya ha comenzado las interpretaciones unilaterales y restrictivas que vulneran los derechos de los agentes.
- Exigencia ilegal de informes médicos: Se está obligando al personal de baja a entregar, junto al parte, un informe médico detallado que justifique la baja.
- Vulneración de la legalidad: El Real Decreto vigente solo obliga a presentar el parte de baja. Exigir informes adicionales es contrario a derecho y constituye un acceso ilícito a datos especialmente protegidos.
- Antecedentes: AUGC ya logró en el pasado que la AEPD y el Consejo de Estado tumbaran intentos similares de fiscalizar el historial médico de los guardias.
Las instrucciones dictadas en la Comandancia de Algeciras retuercen la norma en lo relativo a los reconocimientos médicos y pruebas de detección de sustancias.
·Falta de procedimiento: La norma establece que estas pruebas deben seguir un procedimiento específico aún por determinar.
·Interpretación abusiva: Se pretende ejecutar estas pruebas amparándose en generalidades, omitiendo que la ley exige un desarrollo procedimental previo.
AUGC exige una respuesta inmediata.
Ante esta dispersión normativa y la evidente "caza de brujas" en algunas unidades, AUGC ha solicitado formalmente a la Directora General:
1. La revisión inmediata de las instrucciones emitidas por las Comandancias que exceden lo marcado por el Real Decreto.
2. La elaboración de una Guía Interpretativa oficial que unifique criterios y evite que cada Jefatura aplique la norma a su antojo.
3. Una resolución motivada que aclare por qué se están imponiendo estas obligaciones si la Administración considera que nuestra fundamentación jurídica es errónea.
AUGC no permitirá que una norma que se aprueba para, en palabras del Mando de Personal, “mejorar la salud de los guardias civiles” se convierta en una herramienta de retroceso en derechos y libertades.
Seguiremos vigilantes y agotaremos todas las vías legales para proteger la intimidad y la dignidad de todos los guardias civiles.