Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Valencia, y tras el análisis detallado de una Instrucción elaborada por la Comandancia de Valencia, en la que trata las diferentes modalidades de Atención al Ciudadano en la recepción de denuncias, manifestamos nuestra más enérgica protesta y profunda preocupación por el modelo de atención ciudadana que se pretende implantar, especialmente en el Turno de Noche. Esta medida no es un hecho aislado, sino el síntoma grave de una enfermedad estructural que ahoga a la Guardia Civil; una organización, anclada en el pasado, que impide prestar un servicio acorde al siglo XXI y que tiene como principal perjudicado al ciudadano.
La Instrucción, que surtirá efectos el 1 de febrero de 2026, institucionaliza el cierre nocturno de múltiples acuartelamientos (Puestos Principales y Ordinarios) que hasta ahora ofrecían atención presencial 24 horas. Se sustituye este servicio esencial por un “servicio mixto” de Prevención y Atención al Ciudadano, que deberá atender las demandas de un amplio territorio con un tiempo de respuesta de hasta 15 minutos, siempre que “la situación lo permita” y sin “menoscabar otras obligaciones operativas”. Esto no es una mejora del servicio; es un desmantelamiento progresivo.
Este retroceso solo es posible porque la estructura de personal es insuficiente y está pesimamente distribuida. No es solo falta de efectivos, es un sistema de gestión recursos obsoleto, que prioriza la cobertura burocrática sobre la eficacia real en la prestación del servicio. Se parchea la falta crónica de guardias civiles con “servicios mixtos”, atribuyendo a factores externos el riesgo hacia el ciudadano y el profesional.
Patrullas “mixtas” nocturnas: ¿refuerzo o limitación del servicio?. ¿Estas patrullas supondrán un verdadero refuerzo de la seguridad y la atención ciudadana, duplicando el potencial de servicio nocturno? ¿O serán, por el contrario, el nuevo y peligroso “techo” de nuestras capacidades, el límite aceptado para un servicio de mínimos?. Su diseño revela que no son un refuerzo, sino una racionalización de la escasez. Una patrulla de dos componentes (uno de ATC y otro de Prevención) deberá hacer malabarismos para atender cualquier requerimiento ciudadano en el Acuartelamiento (con un tiempo de respuesta de hasta 15 minutos, “si la situación lo permite”) mientras simultáneamente desarrolla labores de seguridad ciudadana en una demarcación amplia. Esto no es aumentar el potencial; es estirar al máximo, y hasta el punto de ruptura, un recurso irrisorio.
La pregunta retórica que nos hacemos es: ¿De verdad se cree que una patrulla de dos agentes puede suplir la seguridad y presencia que ofrecía un acuartelamiento abierto, con personal dedicado a la atención y otras patrullas operativas en la calle? La respuesta es un rotundo no. No es un refuerzo; es una consolidación del desmantelamiento. Se institucionaliza que, por la noche, en amplias zonas de la provincia, el “máximo servicio posible” será el que pueda prestar esa única patrulla multitarea, sobrecargada y condicionada por cualquier incidencia.
Seguridad en los Puestos: La Instrucción menciona que, "se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los Acuartelamientos mientras se encuentren cerrados". Sin embargo, no especifica ni una sola medida concreta, ni asigna recursos adicionales, ni valora el riesgo real. Se limita a un brindis al sol, dejando en el aire una cuestión de la máxima gravedad. ¿Qué hay de la seguridad en los Acuartelamientos? La respuesta que se daría es preocupante: "Que se las arregle la patrulla mixta, cuando pueda".
Un Acuartelamiento cerrado, especialmente por la noche, es un blanco potencial. Alberga armamento, vehículos, equipos de comunicaciones, archivos y sistemas informáticos con datos sensibles. Su custodia no puede ser una tarea secundaria o accesoria para una patrulla única que, según la propia Instrucción, debe atender demandas ciudadanas en un radio amplio y realizar labores de prevención. Es una misión de seguridad perimetral y de vigilancia que requiere dedicación exclusiva o, al menos, una presencia constante y protegida.
El principal y gran perjudicado de esta situación es, sin lugar a dudas, el ciudadano. Mientras la Instrucción habla de “proximidad”, “eficacia” y “atención especializada”, la realidad que plasma es la de una Guardia Civil que se retira físicamente de sus cuarteles por la noche, obligando a los ciudadanos a depender de un sistema fragmentado y condicional. Se fuerza a la población a utilizar, en el mejor de los casos, una Cita Previa (que no es viable para emergencias), una denuncia telemática (con limitadísimos supuestos) o a esperar la eventual llegada de una patrulla única con múltiples cometidos. Para el ciudadano que sufre un delito no violento, que encuentra objetos sustraídos o que necesita asesoramiento y presencia tranquilizadora en la noche, la puerta de su cuartel local estará cerrada. Esto es inaceptable y supone una ruptura del pacto de seguridad y confianza entre la Guardia Civil y la sociedad a la que sirve.
Se invierte en software, pero se deja que las infraestructuras, la herramienta básica del servicio presencial, se degraden o cierren. Esta es la triste paradoja: una Institución que intenta forzar herramientas digitales del sigo XXI sobre una estructura orgánica y material propia del siglo XX, y que en el contraste, pierde lo esencial: la presencia y la atención directa.
Este modelo, lejos de ser una innovación, agrava sobremanera las condiciones laborales de los guardias civiles, incrementando su carga de trabajo, su estrés y su exposición al riesgo al tener que compaginar labores preventivas, de respuesta a emergencias y de atención administrativa en solitario o con medios claramente insuficientes. La “herramienta complementaria” SIGO-Movilidad, presentada como avance, en la práctica convierte al agente en una oficina de denuncias ambulante y no protegida, dependiente de la cobertura telefónica y sujeta a la disponibilidad de efectivos, que son los mismos que deben atender las incidencias de seguridad.
AUGC-Valencia lleva años advirtiendo de las consecuencias de la falta de personal y de recursos. Hemos planteado de manera continua, tanto a la Comandancia como a los mandos superiores, la necesidad de dotar de plantillas suficientes para mantener un servicio público de calidad y seguro, tanto para el ciudadano como para el profesional. Nuestras advertencias y propuestas, basadas en la experiencia diaria en el terreno, no han sido atendidas. En su lugar, se opta por parches normativos que maquillan la realidad: no hay un problema de “modalidades de atención”, hay un problema grave de infradotación de medios humanos y materiales.
Denunciamos que esta Instrucción es la consagración oficial del deterioro del servicio público de seguridad en la provincia de Valencia. Se prioriza la estadística (informes mensuales de citas) sobre la presencia; se externaliza y digitaliza la relación con el ciudadano para ocultar la falta de efectivos; y se abandona el concepto de cuartel abierto como referente de seguridad y ayuda inmediata en el territorio.
Desde AUGC-Valencia, exigimos a los responsables de la Comandancia de Valencia:
1. La suspensión de la aplicación de esta Instrucción de Servicio.
2. La apertura incondicional y con garantías de todos los Acuartelamientos con servicio tradicional de 24 horas.
3. Abordar de fondo los problemas de dotación, medios y condiciones laborales, que son la raíz de esta situación.
4. Una inversión urgente en efectivos que permita restaurar un servicio de atención al ciudadano digno, seguro y presencial, las 24 horas del día, los 365 días del año. No nos callaremos ante el desmantelamiento de nuestro servicio público. Seguiremos denunciando que el ciudadano está indefenso con el cuartel cerrado, y que el guardia civil está sobrecargado e infraprotegido con estas medidas. La seguridad no es un lujo, es un derecho. Y un cuartel abierto es su símbolo más tangible.