Los hechos ocurrieron en marzo de 2020, cuando un agente afiliado de Sevilla denunció que su Capitán Jefe de Compañía, durante la vigilancia de un servicio al inicio del estado de alarma por Covid-19, les recriminó al parecer “con malos modos” el uso de las mascarillas que habían adquirido por cuenta propia, ya que la Dirección de la Guardia Civil en esos momentos no estaba proveyendo de ellas a los componentes del Cuerpo.
El superior justificó su comportamiento basándose en que estaban creando “alarma social”, siendo advertido el oficial por uno de los componentes de la patrulla (pareja de hecho) que el motivo de hacer uso ambos de la mascarilla es por un problema de salud grave del hijo en común, que padece leucemia, así como que tiene a su cargo personal de riesgo (abuelos); contestación que no convenció al oficial, que al parecer le respondió “que tenían que quitarse la mascarilla, que era orden directa de un superior, que lo que les pase va en el cargo” añadiendo que “si vosotros caéis otros ocuparán vuestro lugar”.
Días posteriores, en comparecencia ante los medios, el máximo responsable de la Guardia Civil en esos momentos, el Teniente General Director Adjunto Operativo D. Laurentino Ceña, respondió ante esta problemática suscitada de negar a los guardias civiles el uso de mascarilla, incluso adquirida de forma particular, que “se habían dado instrucciones para que quien quiera, pueda usar material de protección sin ningún problema”, contradiciendo lo expuesto por el citado Capitán, con respecto a la limitación del uso de mascarillas.
Es de reseñar que el oficial quedó totalmente impune ya que a nivel interno no se abrió ninguna información verbal para averiguar si el oficial había cometido o no los hechos denunciados.
Los hechos relatados contrastan con los de la denuncia interpuesta después por el Oficial implicado en los hechos, en la cual dos guardias civiles, además de sufrir la conducta déspota y contraria a cualquier legislación del denunciante son sometidos a un proceso penal militar como presuntos autores de un delito de insulto a un superior castigado con penas de prisión de seis meses a tres años.
El oficial en su denuncia afirma “insultos” y “conductas vejatorias” hacia su persona mediante un audio de WhatsApp en el cual se implica a un tercer guardia civil que nada tiene que ver con lo expuesto anteriormente, de hecho no estaba ni al mando del oficial denunciante. En dicha denuncia a los guardias civiles encausados les incautan su terminal móvil durante casi 3 años para practicar una prueba pericial técnico informática por parte del Departamento de Acústica y de Ingeniería del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, prueba en la que se han debido de dejar miles de horas puesto que han tardado 3 años en devolver los terminales a sus propietarios, con el resultado del archivo de las actuaciones. A dicho archivo se ha opuesto la acusación particular, hecho que a juicio de esta asociación no es para nada entendible ya que después de tres años ha habido tiempo de sobra para poder demostrar la culpabilidad de los encausados.
Desde AUGC mostramos nuestra indignación ante estas conductas por parte de las diferentes personas de la escala de mando de la Guardia Civil en las que se aprecia claramente una doble vara de medir en las actuaciones que es inaceptable y que lleva toda la vida causando graves perjuicios a la escala más débil e indefensa del Cuerpo, la de cabos y guardias.
Una vez más, los servicios jurídicos de AUGC son los encargados de velar por una defensa digna a los afiliados procesados y defender sus derechos consiguiendo la exculpación de los hechos que podrían haber acabado con pena de cárcel.
