En el año 2018, la Guardia Civil presentó ante el Consejo la Orden General 6/2018 sobre protocolo de actuación para la adopción preventiva de medidas específicas ante situaciones de naturaleza psiquiátrica, psicológica o ante conductas anómalas.
AUGC se opuso a su tramitación al entender que dado los derechos a los que afectaba carecía del rango suficiente.
Sin embargo, el Director General continuó con su tramitación, aprobación y entrada en vigor, afectando a numerosos compañeros desde entonces.
Tras su aprobación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), presentó recurso contencioso administrativo, descubriendo durante el trámite, que el propio Gabinete Técnico de la Guardia Civil había advertido de lo mismo que venía denunciando AUGC desde el primer grupo de trabajo.
Gracias al recurso presentado por AUGC, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 26 de diciembre de 2019 estimó el recurso de AUGC, anulando la Orden General al no ser conforme a derecho.
A pesar de contar con el criterio contrario a la norma de AUGC, de su propio Gabinete Técnico y de un tribunal de justicia, alguien dio la orden de que la abogacía del Estado siguiese recurriendo la norma ante el Tribunal Supremo.
Tres años después de iniciado el proyecto normativo, el Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación y por ello, la citada Orden General ha quedado anulada de forma definitiva.
Atrás han quedado cientos de procedimientos iniciados bajo el amparo de una norma contraria a derecho, el desprecio al criterio de AUGC, del propio Gabinete Técnico de la Guardia Civil y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y todo por el empecinamiento de alguién en no reconocer que AUGC tenía razón. Quien así obró ha causado un daño irreparable a miles de guardias civiles y a sus familias al privarlos arbitrariamente de derechos incluso de naturaleza fundamental.
Consideramos que el Ministro del Interior, debe salir a dar explicaciones del motivo por el que, un Director General de la Guardia Civil, aprueba una norma que de modo claro carecía de rango suficiente (como así lo afirmaban informes internos de la propia Guardia Civil), y cuál es la identidad de la persona que, tras la sentencia del TSJ de Madrid, ordenó recurrir la norma ante el Tribunal Supremo, manteniendo la aplicación de una norma claramente contraria a la ley, con los perjuicios que ello ocasionó a los guardias civiles afectados.
Desde AUGC animamos a los compañeros que están sufriendo la aplicación de esta norma anulada, que presenten escrito para instar el inmediato cese de las medidas adoptadas bajo amparo de la citada Orden General. Para ello, AUGC ha elaborado un modelo de instancia que le será facilitada por nuestros servicios jurídicos a todos los afiliados.
AUGC se pone a disposición de los guardias civiles, a través de su red de delegaciones y de letrados, para proceder, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para el caso de que esta norma anulada siga aplicándose. En esos casos, AUGC será absolutamente beligerante en defensa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales y profesionales de los y las guardias civiles.
