El Congreso debatirá que los guardias civiles y policías puedan llevar cámaras corporales para grabar los delitos

Ya el pasado mes de enero, AUGC reclamó al Ministerio de Interior que dote a los agentes de dispositivos de videograbación, incorporados tanto en los propios coches como en los uniformes

por Redacción AUGC

Un agente de policía con videocámara incorporada a su uniforme.
Un agente de policía con videocámara incorporada a su uniforme.

El pasado mes de enero, AUGC reclamaba mediante un comunicado que la Guardia Civil dotara a sus agentes de videocámaras incorporadas al uniforme, así como a los vehículos, para que pudieran grabarse sus actuaciones y los posibles delitos a los que se enfrentasen, y salvaguardar así los derechos de los ciudadanos.

Desde AUGC se considera que esta medida es especialmente necesaria ante el incremento de agresiones a los agentes que se está produciendo, con el fin de poder aportar la grabación como prueba en los Juzgados.

Ahora esta propuesta está más cerca de materializarse al haber sido registrada el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados por parte del grupo parlamentario de VOX.

De esta manera, el Congreso debatirá, en el próximo período de sesiones, una proposición no de Ley planteada en este sentido.

La propuesta aboga por extender el uso de la Cámara Corporal Policial (CCP), que define como "una pequeña cámara de batería utilizada en los uniformes de policía que captura la interacción del público desde el punto vista oficial del policía"

Hay que recordar que la Ley Orgánica 4/1997 establece que "el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento" por parte de los agentes de la autoridad puede contribuir a "asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública", si bien insta a usar estos medios tecnológicos, con "ponderación" en función de los fines perseguidos, para evitar vulnerar los
derechos al "honor, la intimidad y la propia imagen" de los ciudadanos.
 

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