Han transcurrido cuarenta años desde el infame golpe de Estado perpetrado por el entonces teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Cuatro décadas desde que dos centenares de trabajadores del Cuerpo acudieran al Congreso, desconocedores de las verdaderas intenciones de los golpistas.
Desde entonces, los guardias civiles continúan esperando a que la democracia se instale plenamente en la Guardia Civil, sin excepciones o limitaciones que les conviertan en ciudadanos de segunda. El tiempo ha pasado, sin embargo los trabajadores del Cuerpo siguen privados de derechos básicos, que sí disfrutan el resto de servidores públicos en la seguridad pública de España o en el entorno europeo, como el de sindicación, y permanecen sometidos a normas anacrónicas y, con ello, expuestos a penas de prisión por simples discusiones laborales.
Resulta descorazonador comprobar cómo, tantos años después, todavía un trabajador del instituto armado sigue teniendo vetado el derecho de sindicación, aunque se ejerza de manera responsable y con las limitaciones necesarias, y con ello contar, como cualquier ciudadano con la posibilidad de mejorar sus condiciones sociolaborales o impedir posibles abusos.
A este recorte en derechos se añaden medidas coercitivas tan duras como el ingreso en prisión por simples faltas administrativas, en aplicación del injusto y arbitrario Código Penal Militar.
Por eso hoy, en este aniversario, desde AUGC debemos volver a decirle a la sociedad española que uno de los colectivos encargados de velar por su seguridad y sus derechos carece precisamente de algunos de ellos.
Porque la Guardia Civil sigue siendo una institución opaca, cerrada en sí misma, lejos de la transparencia que cabe exigírsele a cualquier entidad pública y expuesta por ello a que movimientos populistas germinen en su seno, como ya ocurrió previamente a aquel 23F de 1981.
Vivimos, además, tiempos de retroceso en la Guardia Civil, así lo hemos sufrido al ver como se asignaba el tercer tramo de equiparación salarial, o se aprobaba una norma de productividad que beneficia a los altos mandos en detrimento de quienes prestan servicios operativos. Ahora, asistimos a un nuevo intento de recortar la capacidad de los legítimos representantes de los agentes, convirtiéndoles a menudo, además, en objeto de persecución a través de un abuso del régimen disciplinario, y donde en numerosas ocasiones los tribunales finalmente dan la razón a AUGC.
En este sentido, cabe recordar que AUGC acaba de remitir al ministro del Interior un escrito en el que se le pide una reunión para abordar, de una vez por todas, la restauración de daño causado a los guardias civiles que en los años noventa fueron expulsados del Cuerpo por su trabajo desde el sindicalismo clandestino. Su objetivo no era otro que el de buscar unos derechos sociolaborales básicos para sus compañeros. Por ello pagaron con su propia carrera profesional, tras haber incluso llegado a ingresar en prisión. Hoy todavía no se ha reparado su honor.
De esta manera, en una fecha tan señalada como la de hoy, los guardias civiles debemos lamentar el largo camino por recorrer que nos queda para sentirnos ciudadanos de pleno derecho. Por lo que AUGC insiste en la necesidad de que los guardias civiles puedan contar con los mismos derechos que cualquier otro cuerpo policial.
En el vídeo puedes ver un documental elaborado por AUGC con motivo del vigésimoquinto aniversario del golpe, en el que guardias civiles recuerdan su participación en los hechos.
