La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos la difusión en la Comandancia de Badajoz de un documento Excel donde se encuentran los datos de diversos guardias civiles en relación a limitaciones psicofísicas que sufren para el desempeño de su puesto de trabajo. A estos informes se ha tenido acceso desde distintas unidades de la Comandancia de Badajoz por parte de personal no autorizado.
El artículo 7,3 de la LOPD establece que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”. Por lo anterior, resulta que si bien el tratamiento de datos de carácter personal de cualquier índole exige el consentimiento inequívoco de su titular, el tratamiento de datos de salud exige, además, que el consentimiento del interesado sea expreso.
A juicio de AUGC no se han adoptado medidas de seguridad sobre los datos, que se han trasladado a todas las unidades de la Comandancia de Badajoz mediante un correo electrónico y una comunicación a través del sistema interno, en la cual se adjuntaba una hoja de cálculo donde constaban datos de trabajadores y se relacionaban dichos datos con las insuficiencias psicofísicas para ejercer su trabajo. En algunos casos se hace constar que los agentes se encuentran de baja médica y precisa limitaciones en su servicio, como la retirada del arma, que desvelan enfermedades psicológicas.
En este sentido, el deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento se recoge en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
AUGC considera que se ha acreditado que los datos de salud se difundieron entre miembros de la Comandancia, posibilitando el acceso en general a los archivos que contenían los citados datos. Con ello se pone de manifiesto que los datos relativos a las personas aptas con limitaciones fueron remitidos sin que se adoptasen las cautelas precisas en cuanto a materia de seguridad, al margen de que su envío incluso podría estar injustificado.
Por ello, AUGC ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que se acuerde la apertura de un expediente y se investiguen los hechos procediendo en su caso a una resolución que reconozca el incumplimiento, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y en concreto del responsable del envío de esos datos, de la normativa en materia de Protección de Datos.
Igualmente, AUGC, solicita que se adopten las medidas recogidas en el artículo 46.2 de la LEY 15/1999 en el que se recoge que el órgano sancionador, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran.
La Comandancia de Badajoz, que ha visto multiplicarse por cinco el número de expedientes en relación con otras comandancias, podría ver cómo ahora se le abre expediente al precursor de tan elevado número de expedientes a funcionarios de dicha Comandancia.
El artículo 7,3 de la LOPD establece que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”. Por lo anterior, resulta que si bien el tratamiento de datos de carácter personal de cualquier índole exige el consentimiento inequívoco de su titular, el tratamiento de datos de salud exige, además, que el consentimiento del interesado sea expreso.
A juicio de AUGC no se han adoptado medidas de seguridad sobre los datos, que se han trasladado a todas las unidades de la Comandancia de Badajoz mediante un correo electrónico y una comunicación a través del sistema interno, en la cual se adjuntaba una hoja de cálculo donde constaban datos de trabajadores y se relacionaban dichos datos con las insuficiencias psicofísicas para ejercer su trabajo. En algunos casos se hace constar que los agentes se encuentran de baja médica y precisa limitaciones en su servicio, como la retirada del arma, que desvelan enfermedades psicológicas.
En este sentido, el deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento se recoge en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
AUGC considera que se ha acreditado que los datos de salud se difundieron entre miembros de la Comandancia, posibilitando el acceso en general a los archivos que contenían los citados datos. Con ello se pone de manifiesto que los datos relativos a las personas aptas con limitaciones fueron remitidos sin que se adoptasen las cautelas precisas en cuanto a materia de seguridad, al margen de que su envío incluso podría estar injustificado.
Por ello, AUGC ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que se acuerde la apertura de un expediente y se investiguen los hechos procediendo en su caso a una resolución que reconozca el incumplimiento, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y en concreto del responsable del envío de esos datos, de la normativa en materia de Protección de Datos.
Igualmente, AUGC, solicita que se adopten las medidas recogidas en el artículo 46.2 de la LEY 15/1999 en el que se recoge que el órgano sancionador, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran.
La Comandancia de Badajoz, que ha visto multiplicarse por cinco el número de expedientes en relación con otras comandancias, podría ver cómo ahora se le abre expediente al precursor de tan elevado número de expedientes a funcionarios de dicha Comandancia.
