Agentes de la Guardia Civil adscritos a la localidad de Fuente de Cantos, en los meses de septiembre y octubre de 2015, realizaron denuncias contra diversas personas en el transcurso de encuentros de fútbol disputados en dicha localidad correspondientes al grupo XIV de la Tercera División. Estas denuncias se efectuaron en base a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y a la Ley 19/2007. Es necesario señalar que algunos de los denunciados eran dirigentes de la U.D. Fuente de Cantos.
Tras la interposición de las denuncias, algunos responsables políticos de la localidad intentaron que éstas fueran retiradas, a lo que los agentes actuantes se negaron.
Los guardias civiles, a la vista de que la tramitación del expediente se demoraba en demasía y de que la actitud de los dirigentes de la U.D. Fuente de Cantos empeoraba, cuestionando su autoridad, se dirigieron a la Delegación del Gobierno en Extremadura hasta en dos ocasiones para conocer el estado de tramitación en el que se encontraban los expedientes sancionadores. No han recibido respuesta escrita alguna.
Tal y como se ha expuesto por el pueblo se deja caer que los directivos de la U.D. Fuente de Cantos dicen (si bien no se identifica a ninguno en concreto) que desde Delegación del Gobierno no se van a “atrever” a sancionarlos, que tienen el apoyo de la Alcaldía. Esta conducta supone un evidente descrédito para los guardias civiles que en su día suscribieron la denuncia y para la propia Delegación del Gobierno, que evidentemente debe cumplir con sus funciones de forma imparcial.
A la vista de que después de dos años no hay respuesta alguna por parte de la Delegación, los mencionados guardias civiles han contactado con AUGC, entre cuyas finalidades está la de trasladar ante los poderes públicos las necesidades y demandas de este colectivo, convertirse en interlocutor y referente sectorial, para promover potenciar y preservar su imagen profesional y de la Guardia Civil, la prestación de un servicio público de seguridad de calidad y eficaz.
A día de la fecha la Delegación del Gobierno no ha emitido resolución expresa alguna, lo que parece cuando menos irregular pues se han superado todos los plazos reglamentariamente establecidos para el conocimiento y resolución de expedientes sancionadores. Para la instrucción de infracciones similares, la Delegación del Gobierno notifica a los interesados y a los agentes actuantes, los trámites que se van sucediendo en un lapso temporal más corto. En el presente supuesto se está demorando la instrucción de manera inusual.
El trabajo que desarrolla la Guardia Civil en la asistencia a eventos deportivos entra dentro de las responsabilidades policiales y de orden público que tiene encomendadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de las competencias que le ampara la LO 2/1986 de FCS y que es misión de las Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno que se cumpla con esta seguridad pública de la que únicamente el Gobierno es garante, como queda reflejado en la citada Ley Orgánica y que en las provincias o CCAA están delegadas en sus máximos responsables políticos.
El descrédito que se está produciendo hacía la imagen de la Guardia Civil va en aumento. Entendemos que debería existir mayor consideración por parte de los responsables políticos hacía los guardias que cumplen con sus funciones y, al menos, tramitar y notificar las resoluciones de los expedientes sancionadores incoados. El trabajo de los guardias es muy complejo, máxime cuando se acude a eventos deportivos y que por escasos recursos humanos, se convierte en uno de los servicios más complicados y difíciles de afrontar.
A la vista de que después de dos años no hay una respuesta expresa emitida por la Delegación de Gobierno y no se ha informado a los agentes de lo sucedido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Badajoz ha puesto los presentes hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de algún ilícito y a fin de que averigüe:
Si la Delegación del Gobierno en Extremadura ha emitido algún tipo de resolución en los expedientes referidos, comunicando la misma a los agentes actuantes.
Para el caso de que no haya incoado el expediente, se ejerzan las acciones que se estimen oportunas en orden a identificar el funcionario o autoridad competente en los mencionados procedimientos.
Y una vez identificados se acuerde iniciar las acciones penales oportunas en caso de que resulte procedente por la presunta comisión de delitos contra la Administración de Justicia.
