Un guardia civil destinado en el Puesto de Lucena, asesorado y representado por el abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, solicitó en diciembre de 2014 que se le autorizara la compatibilidad de su actividad como empleado público con la actividad privada de Psicólogo, solicitud ante la cual el Ministerio del Interior emitió informe negativo.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado el día 17 de abril un Auto dando la razón al recurrente y reconociendo su derecho a compatibilizar la actividad de psicología, e imponiendo a la Administración demandada el pago de las costas procesales.
Resulta incomprensible que el Ministerio del Interior siga oponiéndose sistemáticamente a este tipo de solicitudes, cuando son múltiples los dictámenes judiciales emitidos durante los últimos años autorizando a guardias civiles la compatibilidad de distintas actividades privadas (abogado, administrador de fincas, transportista, árbitro, monitor, informático, mecánico, entrenador, taxista, etc.).
De hecho, hace apenas dos meses el mismo TSJM autorizó la compatibilidad como perito tasador inmobiliario de otro guardia civil también destinado en el Puesto de Lucena. De ese modo el Ministerio no sólo está perjudicando a los afectados, obligándoles a pleitear para ver reconocidos sus derechos, sino también a las maltrechas arcas públicas, puesto que la Administración debe afrontar las costas impuestas en dichos dictámenes judiciales, a lo que deben añadirse los costes que conlleva un proceso de este tipo.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado el día 17 de abril un Auto dando la razón al recurrente y reconociendo su derecho a compatibilizar la actividad de psicología, e imponiendo a la Administración demandada el pago de las costas procesales.
Resulta incomprensible que el Ministerio del Interior siga oponiéndose sistemáticamente a este tipo de solicitudes, cuando son múltiples los dictámenes judiciales emitidos durante los últimos años autorizando a guardias civiles la compatibilidad de distintas actividades privadas (abogado, administrador de fincas, transportista, árbitro, monitor, informático, mecánico, entrenador, taxista, etc.).
De hecho, hace apenas dos meses el mismo TSJM autorizó la compatibilidad como perito tasador inmobiliario de otro guardia civil también destinado en el Puesto de Lucena. De ese modo el Ministerio no sólo está perjudicando a los afectados, obligándoles a pleitear para ver reconocidos sus derechos, sino también a las maltrechas arcas públicas, puesto que la Administración debe afrontar las costas impuestas en dichos dictámenes judiciales, a lo que deben añadirse los costes que conlleva un proceso de este tipo.
