La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Las Palmas informa tanto a la sociedad canaria como a la española de las dificultades con las que se encuentran los guardias civiles en su labor diaria, tanto en casos de prevención de la delincuencia, como las que tienen que ver con actuaciones de violencia de género y doméstica.
Hace unos días pudo producirse una desgracia en Lanzarote cuando una patrulla de la Guardia Civil fue avisada por un episodio de violencia doméstica y al llegar al lugar e intentar detener al autor de los hechos, el ahora condenado J.J.B le propinó un puñetazo al agente y se abalanzó sobre él para morderlo, mientras el resto de su familia comenzó a golpear al otro guardia e impedir que ayudase al compañero.
Mientras esto ocurría, el también condenado R.J.B golpeó al agente por la espalda y le intentó arrebatar su arma reglamentaria, cosa que no logró debido a los seguros especiales que tenía la funda de la pistola que portaba el agente.
Debido a la carencia de material policial “no letal” de dotación oficial (pistolas Taser, porras extensibles, etcétera), y para evitar el uso de la pistola reglamentaria, los agentes optaron por abandonar el lugar y proceder a posteriori a la detención de estas personas por un delito de Atentado a Agente de la Autoridad.
Los agentes lesionados fueron representados en juicio rápido celebrado el pasado 26 de septiembre por los servicios jurídico de AUGC en Las Palmas para ejercer la acusación particular, logrando que el Juzgado de Instrucción nº4 de Arrecife condenase a J.J.B, Y.J.B, R.J.B y a J.J.R a cuatro meses de prisión a cada uno y al pago de una indemnización de 1.000 euros.
Tiene que saber la opinión pública que a los guardias civiles no se les dota de este material, pero tampoco se les permite portarlo en su uniformidad, y si lo hacen pueden ser expedientados, como ya ocurrió en Lanzarote, donde se abrió un expediente disciplinario contra un agente por llevar en su cinturón un accesorio que no figura en la normativa de uniformidad.
Todo ello cuando España se encuentra en estado de alerta antiterrorista de Nivel 4, en la mayoría de las Unidades de Seguridad Ciudadana los guardias civiles carecen de chalecos antibalas de dotación personal, siendo esta otra discriminación más en relación con los policías nacionales, los cuales tienen desde hace años unos turnos de trabajo que les permiten la conciliación laboral y familiar así como varios complementos salariales que el Gobierno no quiere regular para la Guardia Civil, lo que supone que seamos los funcionarios policiales peor remunerados, los que menos derechos laborales tenemos, y ser el único cuerpo policial al que se le puede aplicar el Código Penal Militar durante el ejercicio de funciones policiales.
Hace unos días pudo producirse una desgracia en Lanzarote cuando una patrulla de la Guardia Civil fue avisada por un episodio de violencia doméstica y al llegar al lugar e intentar detener al autor de los hechos, el ahora condenado J.J.B le propinó un puñetazo al agente y se abalanzó sobre él para morderlo, mientras el resto de su familia comenzó a golpear al otro guardia e impedir que ayudase al compañero.
Mientras esto ocurría, el también condenado R.J.B golpeó al agente por la espalda y le intentó arrebatar su arma reglamentaria, cosa que no logró debido a los seguros especiales que tenía la funda de la pistola que portaba el agente.
Debido a la carencia de material policial “no letal” de dotación oficial (pistolas Taser, porras extensibles, etcétera), y para evitar el uso de la pistola reglamentaria, los agentes optaron por abandonar el lugar y proceder a posteriori a la detención de estas personas por un delito de Atentado a Agente de la Autoridad.
Los agentes lesionados fueron representados en juicio rápido celebrado el pasado 26 de septiembre por los servicios jurídico de AUGC en Las Palmas para ejercer la acusación particular, logrando que el Juzgado de Instrucción nº4 de Arrecife condenase a J.J.B, Y.J.B, R.J.B y a J.J.R a cuatro meses de prisión a cada uno y al pago de una indemnización de 1.000 euros.
Tiene que saber la opinión pública que a los guardias civiles no se les dota de este material, pero tampoco se les permite portarlo en su uniformidad, y si lo hacen pueden ser expedientados, como ya ocurrió en Lanzarote, donde se abrió un expediente disciplinario contra un agente por llevar en su cinturón un accesorio que no figura en la normativa de uniformidad.
Todo ello cuando España se encuentra en estado de alerta antiterrorista de Nivel 4, en la mayoría de las Unidades de Seguridad Ciudadana los guardias civiles carecen de chalecos antibalas de dotación personal, siendo esta otra discriminación más en relación con los policías nacionales, los cuales tienen desde hace años unos turnos de trabajo que les permiten la conciliación laboral y familiar así como varios complementos salariales que el Gobierno no quiere regular para la Guardia Civil, lo que supone que seamos los funcionarios policiales peor remunerados, los que menos derechos laborales tenemos, y ser el único cuerpo policial al que se le puede aplicar el Código Penal Militar durante el ejercicio de funciones policiales.
