La Asociación Unificada de Guardias Civiles tramitó una propuesta de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de AUGC para que la Dirección General instase a la Secretaría de Estado de Seguridad a la modificación del protocolo sobre conducción y custodia de internos. Lleva 13 años desactualizada y, tras la última modificación, la Guardia Civil tuvo que asumir la custodia de internos en centros hospitalarios y sanitarios en competencias territoriales de la Policía Nacional. De este modo se produjo una vulneración de la distribución territorial establecida en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicha sugerencia recibió el respaldo de numerosos Guardias Civiles, en su mayoría destinados en centros penitenciarios y núcleos de servicio.
El Consejo de la Guardia Civil se ha pronunciado al respecto, pero se ha limitado a resolver lo siguiente: “La solicitud o propuesta planteada no se encuentra entre aquellas relativas al régimen de personal, sobre sus derechos y deberes, sobre el ejercicio del derecho de asociación y sobre los aspectos sociales que les afecten”. Ni tan siquiera ha valorado los argumentos expuestos.
A la vista de esta actitud pasiva y conformista, no es de extrañar que la Dirección General de la Policía impusiera en 2009 su voluntad ante Interior y se endosara a la Guardia Civil la custodia de internos en poblaciones que son competencia de la Policía Nacional. Es indignante e incomprensible la desidia mostrada por la cúpula de la Guardia Civil en esta materia, teniendo en cuenta que, además, el problema se ha ido agravando con el paso de los años. No sólo afecta a la operatividad y a la organización de los agentes, también quedan agravados los derechos de los propios internos. Los presos de centros penitenciarios vieron que tuvieron que ser canceladas 13.256 consultas o asistencias médicas entre 2016 y 2021. Un tercio del total.
Esto se debe a la carencia de agentes porque se tienen que encargar del traslado y de la custodia en dependencias sanitarias que son competencia de la Policía Nacional. Mientras se encuentran custodiándolos durante horas no pueden realizar también los pertinentes traslados de otros internos. Toda la situación parece importar poco o nada a la Dirección General, que adopta la cómoda postura de contentar a la de la Policía y decidió cerrar sin resultados el Grupo de trabajo que se creó en 2018 para revisar dicho protocolo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles no permanecerá impasible ante semejante dejación de funciones por parte de la cúpula de la Guardia Civil. Tramitamos una queja al Defensor del Pueblo y una solicitud al Ministro del Interior reclamando que se modifique y actualice dicho protocolo. Debe tenerse en cuenta que las conducciones y traslado de internos conlleva unos riesgos muy elevados, sobre todo cuando no disponen de servicios de apoyo y refuerzo urgente, que son necesarios al encontrarse fuera de su demarcación territorial. La Guardia Civil ha realizado en esta circunstancia más de 162.000 conducciones a dependencias sanitarias, y ha trasladado por ese motivo a casi 267.000 internos de centros penitenciarios. Sin contar con el bienestar de sus trabajadores ni con las competencias de cada Cuerpo, la Dirección prefiere contentar a la cúpula de la Policía Nacional.
