Desde que se inició en 2013 el proceso privatizador de la seguridad pública penitenciaria, AUGC lleva años advirtiendo que más tarde o más temprano se producirían situaciones anómalas y preocupantes, como ya ha ocurrido anteriormente en los aeropuertos, y el tiempo nos da la razón. Desde hace unos días, la empresa de seguridad privada OMBUDS se encuentra en situación concursal y sus trabajadores no han percibido las últimas nóminas, a lo cual debe añadirse la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus puestos de trabajo.
Dicha empresa tiene adjudicado uno de los lotes del jugoso contrato para la seguridad privada en los centros penitenciarios, concretamente en las siete prisiones de Madrid, seis de Castilla la Mancha y la de Cáceres. Pero anteriormente OMBUDS llegó a acumular hasta tres de los cuatro lotes contratados, que suponían el 78% del presupuesto total, a pesar de que el propio Gobierno había anunciado que cada lote se adjudicaría a una empresa diferente. Ante la reclamación planteada por AUGC, el Ejecutivo se limitó a decir que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.
Lógicamente, el impago de nóminas y la incertidumbre por sus puestos de trabajo está generando una gran preocupación entre los empleados de OMBUDS, algunos de los cuales han sufrido bajas médicas en las últimas semanas, y la situación está dando lugar a que la mayor parte de estos trabajadores no estén realizando las horas extraordinarias que venían prestando anteriormente, lo que origina que en algunos de los centros penitenciarios afectados no se estén cubriendo todos los puestos de trabajo y consecuentemente se podría estar provocando un incumplimiento del contrato.
Pero además, esa reducción de las horas de trabajo para los vigilantes privados está teniendo consecuencias para los guardias civiles que prestan servicios en los centros penitenciarios, ya que como consecuencia de esta privatización de la seguridad pública ahora deben ser los guardias civiles quienes suplan a los vigilantes o les tengan que facilitar los relevos necesarios, teniendo que modificar algunos cometidos y servicios.
Es decir, que el Estado abona los servicios a una empresa de seguridad privada para cometidos de seguridad, pero son los guardias civiles quienes están haciendo parte de esas funciones. Ocurre así algo similar a lo que se produjo en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde se recurrió a los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados.
Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles,ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión.
Esta situación viene a confirmarlos argumentos de AUGC, que lleva seis años reclamando que se anule el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios,que hasta la fecha ha supuesto el derroche innecesario de 210 millones de euros con el fin de aumentar los beneficios para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes favorecidos de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones exiguas y además sufren situaciones tan preocupantes como la que ahora se está produciendo en OMBUDS.
El Gobierno debe tomar la iniciativa,ya que la solución pasa por la rescisión del contrato, como así parece haber ocurrido en empresas privadas que tenían concertados los servicios de seguridad privada con esta empresa, y realizar una nueva licitación.
AUGC va más allá y propone como una de las medidas que pondría fin a esta problemática que una parte del personal en situación de reserva se reincorpore en virtud del acuerdo para la equiparación salarial,y sea destinado a esos cometidos que ahora acaparan las empresas de seguridad privada, lo cual sin duda supondrá un considerable ahorro para las arcas públicas.
