¿Guardias civiles o funcionarios de Justicia?

AUGC se pregunta si los agentes serán sancionados por utilizar aplicaciones que la Dirección General prohíbe y los jueces prescriben

por Redacción AUGC

Cartel contra la violencia de género.
Cartel contra la violencia de género.

AUGC Las Palmas ha tenido conocimiento del acta de la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) del pasado día 30 de marzo, en la cual por unanimidad han acordado dictar una serie de acuerdos para unificar los criterios de actuación de guardia y violencia de género que se practican durante la vigencia del Estado de Alarma.

Desde AUGC, como no podía ser de otro modo, acatamos las sentencias judiciales dictadas por sus señorías, si bien discrepamos de este acuerdo, ya que en Gran Canaria solo están habilitadas para realizar videoconferencias con los juzgados las dependencias de las Palmas de Gran Canaria, por lo que los cuarteles de Vecindario y Puerto Rico tendrían que cumplir la instrucción de los jueces con alguna de las aplicaciones informáticas sugeridas en el punto 3 del acta.

Desde AUGC estimamos que se debería usar a tales efectos la sala de reconocimiento e identificación de personas, ubicada en el edificio judicial, y que con instalar un micrófono se solucionaría los problemas de comunicación entre la autoridad judicial y las personas detenidas, pudiendo sus señorías ver al detenido sin tener que estar en contacto él, y evitar el uso de aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp que están prohibidas en la Guardia Civil.

Y es que la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil desaconseja su uso para actividades oficiales y, menos aún, para operativos, porque pese a ser un sistema de indudables beneficios, es de propiedad privada de una empresa estadounidense, con la que no existe ningún tipo de acuerdo de servicio, ni control sobre el uso que haga de la información de toda índole, que sin duda supondría un incumplimiento normativo grave, tanto interno de la Guardia Civil como externo a esta, por parte de todo el personal que haga uso de estas aplicaciones en actividades de carácter oficial en todo lo referido a la Seguridad de la Información.

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