La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa la pasada semana en la sierra madrileña supuso el mayor operativo de estas características en la Comunidad de Madrid. Al margen del fatal desenlace, dicho operativo vino a demostrar algo que AUGC lleva años denunciando: la descoordinación y los recelos que se producen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como consecuencia de un modelo policial desfasado y necesitado de cambios.
La duplicidad de funciones y las vanidades profesionales se han vuelto a combinar en este caso con las habituales consecuencias, como el grave fallo de comunicación entre cuerpos policiales respecto al testimonio de un hombre al que la ex esquiadora había comunicado el pico al que pensaba dirigirse. Así lo han revelado algunas informaciones periodísticas, que incluso apuntan a una grave crisis en la que tuvo que mediar la Delegada del Gobierno en Madrid para que el Ministerio del Interior no llegara a incluso apartar a la Guardia Civil del operativo.
AUGC ha solicitado reiteradamente la revisión del actual modelo policial para evitar situaciones que se repiten habitualmente. Para ello presentó el pasado año en el Congreso su propuesta para ‘Un modelo policial del siglo XXI’, de manera que éste se modernice y adapte a las necesidades reales de la sociedad actual.
El primer aspecto que señalamos en la propuesta de AUGC es si España está preparada para afrontar la cooperación que supone alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la UE, como es el ofrecer a sus ciudadanos un espacio común de libertad, seguridad y justicia. Ya que para ello, es esencial iniciar un trabajo de equiparación salarial y profesional entre los diferentes cuerpos policiales que operan en España, homologando no solo sus retribuciones sino el marco estatutario de derechos y deberes.
Originariamente ambos Cuerpos se distribuyeron geográficamente como policías de ocupación divididas y fraccionadas: la Guardia Civil era competente en el ámbito rural, y la Policía Armada (antecedente de la Policía Nacional) en el medio urbano.
Una división del país, a efectos de seguridad, que podía ser útil en el siglo XIX pero que hoy está desfasada, y que apunta, a nuestro juicio, a una de las mayores deficiencias de las que adolece la LOFCS de 1986, que es su incorrecta distribución de competencias.
Desde luego, siguiendo el criterio exclusivo de la búsqueda de la mayor eficiencia, no existen argumentos de peso para mantener el actual criterio de competencias. Ello, desde el momento en que, como en el caso de Blanca Fernández Ochoa, vuelven a evidenciar la llamada “guerras de policías” que suponen un mayor empleo de recursos pero no una mayor eficacia.
Es el legislador quien debe decidir, pero desde AUGC se reclama al menos establecer un nuevo mapa de seguridad con un reparto de competencias mucho más especializado, donde no se dupliquen las mismas.
La siguiente medida que proponemos va dirigida a mejorar la relación entre los sistemas de Información. Todos los cuerpos policiales necesitan de este tipo de servicios. Lo que tienen que ser comunes son las bases de datos. Y su tratamiento y custodia, únicos.
Además de ello, y para superar errores pasados, nosotros abogamos por que las materias especialmente sensibles, como puede ser la información contraterrorista debiera ser competencia exclusiva de un solo cuerpo, lógicamente, de ámbito estatal.
