Tras el comunicado publicado por AUGC el pasado 6 de agosto respecto a la carencia de aire acondicionado en las dependencias de la Guardia Civil en Pozoblanco, la reacción inmediata de la jefatura provincial ha sido dotar a quienes allí trabajan de varios ventiladores, que obviamente no sirven de nada, más allá de mover aire caliente y provocar que se vuelen los documentos oficiales. Y el colmo es que les han enviado también un calefactor, que obviamente tardarán varios meses en tener que utilizar.
Curiosamente, al hacerse público el problema ha sido cuando la jefatura provincial ha contestado inmediatamente al escrito que AUGC había tramitado dos semanas antes, pero la respuesta no es nada satisfactoria, porque se ha limitado a reiterar que “no se dispone de crédito”, así como que “se han dado las directrices oportunas para readjudicar los ventiladores portátiles necesarios”, y lo que es más indignante, que “en la planta baja se producen corrientes de aire que disminuyen la sensación térmica”.
Ante esta situación, AUGC ha presentado hoy mismo una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, pidiendo su intervención ante lo que considera un incumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales.
En dicha denuncia se detalla que hay 36 agentes de la Guardia Civil afectados, pertenecientes a las especialidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial e Intervención de Armas y Explosivos, los cuales desempeñan su trabajo diariamente en las dependencias de Pozoblanco. Pero además están afectados también los ciudadanos que acuden para realizar trámites.
Así mismo se expone en la denuncia que, según el Real Decreto 486/1997, “el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”, así como que “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendía entre 17 y 27ºC”.
Y como la Guardia Civil se ha amparado en la “falta de crédito”, AUGC ha hecho constar en su denuncia que, según la Directiva 89/391/CEE y una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores no podrá subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”.
La Guardia Civil tiene la obligación de garantizar que los agentes cuenten con unas condiciones de trabajo óptimas, igual que cualquier otra empresa o institución. Y no cabe ampararse en la “falta de presupuesto”, porque a ninguna empresa española se le permitiría incumplir la normativa en materia de riesgos laborales excusándose en la escasez de dinero.
