Una vez más ha tenido que ser una iniciativa de AUGC, en este caso ante la Defensora del Pueblo, la que desvele el mal funcionamiento administrativo en la Guardia Civil. En este caso se han evidenciado los errores en las comunicaciones que se estaban remitiendo a los agentes que realizaban alguna solicitud.
En estas comunicaciones, los responsables de resolver las peticiones de los agentes comunicaban a estos la fecha de entrada, el plazo para resolver y el resultado del silencio administrativo en caso de no dictarse resolución en dicho plazo.
La legislación es muy clara, y son pocas las materias donde el silencio tiene efectos desestimatorios. Sin embargo, sin respaldo legal alguno, los agentes eran informados de que sus peticiones, si no eran resueltas en plazo, resultaban desestimatorias.
La diferencia es muy importante pues, en caso de no resolver en plazo, legalmente la solicitud debía entenderse admitida sin más trámite que el acreditar que la Administración no dictó resolución en plazo, generando una situación de perjuicio para quienes no reclamen ese silencio positivo.
Esperemos que, a raíz de estos hechos, la DGGC tome cartas en el asunto formando de modo conveniente a los encargados de remitir estas comunicaciones con el fin de que situaciones similares se produzcan.
De hecho, recientemente nos llegó la noticia de otro caso donde se le notificaba al interesado que el plazo para dictar resolución era de seis meses, cuando realmente dicho plazo máximo era de tres.
