Nuevamente, la arbitraria e injusta aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles va a provocar que un agente entre en prisión por razones absolutamente ajenas a sus funciones profesionales.
Hoy Luis Miguel ha recibido la notificación de que en un plazo de quince días deberá ingresar en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir las condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión por unos hechos ocurridos hace nada menos que ocho años, y que nada tuvieron que ver con su trabajo.
El motivo de la condena es una discusión que tuvo lugar entre compañeros, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento del ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del trabajador. Sin embargo, lejos de conformarse con este castigo, ya suficientemente duro, la maquinaria de la justicia militar ahora le priva de su libertad.
De este modo, ocho años después de los hechos, Luis Miguel, que desde entonces ha seguido realizando su trabajo con normalidad en su nuevo destino, tendrá que entrar en la cárcel como un delincuente a causa de una simple desavenencia con un compañero fuera de su lugar de trabajo y de su cometido profesional.
Ante esta situación absolutamente abusiva y desproporcionada, desde los servicios jurídicos de AUGC se solicitó el pasado año el indulto al Ministerio de Defensa, suspendiéndose la ejecución de la sentencia hasta que se resolviera dicha petición o transcurriera un año.
Finalmente, y ante la falta de respuesta por parte de Defensa, hoy se ha producido la notificación que llevará en unos días a Luis Miguel a ingresar en prisión.
Para AUGC, el silencio como respuesta por parte de la ministra de Defensa resulta oprobioso, máxime cuando proviene de un gobierno del PSOE, partido que en la etapa presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un decreto por el que la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles se restringía a situaciones muy delimitadas, como misiones militares o estado de guerra, inaplicándose por lo tanto en cuestiones relativas a las funciones policiales y, mucho menos, a la vida personal de los agentes fuera de servicio.
Por este motivo, desde AUGC reclamamos la dimisión de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que como política y magistrada ha demostrado una total falta de sensibilidad ante un claro caso de injusticia como el que nos ocupa.
Igualmente, AUGC estudia llevar a cabo distintas acciones de protesta en las próximas fechas para denunciar ante la sociedad la indefensión de los guardias civiles ante la abusiva aplicación del Código Penal Militar a los trabajadores de este cuerpo policial.
