El rodillo de los grupos mayoritarios, PP, PSOE y CIU, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado, una vez más, la Proposición No de Ley UPyD para modificar la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y que pedía la no aplicación del Código Penal Militar a los agentes cuando no realicen funciones militares.
Los grupos parlamentarios de UPyD e IU una vez más se quedaron solos en la defensa de los Derechos y Libertades de los trabajadores de la Guardia Civil. Por segunda vez UPyD llevó al Congreso una iniciativa parlamentaria en la que se solicitaba que a los agentes que no se les aplicara el Código Penal Militar salvo en estado de emergencia pública como el estado de guerra, sitio y excepción, o en el cumplimiento misiones militares internacionales.
Las razones esgrimidas por los portavoces de PP y PSOE en la Comisión de Interior para rechazar la propuesta no han sorprendido a AUGC. Ttanto un partido como otro, en los años que han estado al frente del Gobierno, se han empecinado en impedir los avances dentro de la Guardia Civil, consiguiendo así que en pleno siglo XXI, y después de siete lustros de democracia, que la Benemérita se mantenga con los mismos modos, “vicios” y costumbres que cuando fue fundada por el Duque de Ahumada.
Si ha sido triste comprobar que el portavoz del PP, Gil Lázaro, desconozca que en la Guardia Civil no hay Consejo Asesor, sino que hace tres años los agentes votaron su nuevo órgano colegiado y que responde al nombre Consejo de la Guardia Civil.
Peor es comprobar como el PSOE sigue traicionándose así mismo y a los ideales que representa, negando, una vez más, a los trabajadores de la Guardia Civil los derechos que sí reconoce a sus compañeros de la Policía Nacional. Su portavoz, Ángeles Álvarez, confundió, una vez más, la aplicación de las leyes penales militares a los Guardias Civiles cuando no realizan ningún tipo de servicio, con la condición militar de la Benemérita en un intento de justificar lo injustificable.
Sí ha sorprendido, y mucho, el discurso españolista del portavoz de CIU, Feliu Joan Guillaumes, al pedir para los guardias civiles aquello que el rechaza para los ciudadanos catalanes que representa: respeto a la norma dictada por la Constitución. Para Guillaumes “los padres de nuestra Constitución, como ya lo hicieron los de la 2ª República decidieron que el Estado Español se dotara de un cuerpo policial de carácter militar”. Este doble rasero con el que CIU aplica la Constitución española es bochornoso para AUGC, que le recuerda al grupo catalán que la Carta Magna española habla de Autonomías dentro de un Estado, el español, y no de naciones por lo que sus demandas “nacionalistas”, siguiendo su lógica, tampoco deben ser motivo de debate. Además AUGC recuerda a los nacionalistas que esta Organización, que tiene a sus espaldas el apoyo de más de 33.000 guardias civiles, un 44% de la plantilla, ni ha intentado ni intenta “introducir por la puerta de atrás ni de forma encubierta” el debate de la desmilitarización, como afirma de forma torticera.
En suma, confunden los políticos que ahora nos han tocado en suerte todo nuestro marco normativo. La Constitución no ordena que la Guardia Civil deba tener carácter militar, ni mucho menos que se les deba aplicar normativa de las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, la Constitución afirma que la Guardia Civil no forma parte de los Ejércitos, componiendo junto a la Policía Nacional las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sirva esto como clase ilustrativa para algunos de los políticos que ayer confundieron preceptos constitucionales, además de decepcionar nuevamente a los guardias civiles.
