Los ministerios de Interior, Justicia y Fiscalía estrechan la colaboración en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunciamos que el ministro del interior continúa ignorando la necesidad de implantar la denominada Zona de Especial Singularidad en la provincia de Cádiz

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Guardia Civil narcotráfico

Durante el día de ayer, los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Justicia, Pilar Llop, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron el refuerzo de la colaboración entre estas tres  instituciones en la estrategia de la continuada lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y zonas limítrofes.

Dicho encuentro concluyó entre otras cuestiones con la puesta en común de la necesidad de abrir una línea de trabajo que permita realizar un protocolo para garantizar la gestión y venta de los bienes incautados a las organizaciones de narcotráfico.

Desde AUGC vemos favorable la apertura de esta línea de trabajo, ya que como venimos reclamando continuamente al ministro de interior es necesario incrementar los medios personales y técnicos para los agentes que se encuentran destinados en la provincia de Cádiz, concretamente en la zona del Campo de Gibraltar.

AUGC ha trabajado incesantemente en la lucha por conseguir que la provincia de Cádiz y su área geográfica del Campo de Gibraltar sea declarada Zona de Especial Singularidad. Y así se lo reclamamos al ministro del interior el pasado 14 de enero de 2022, en un encuentro donde Grande-Marlaska nos aseguró que la implantación de la denominada zona de especial singularidad era una cuestión que estaba muy avanzada y que pronto vería la luz.

Ante esta afirmación del ministro tenemos que manifestar que a día de hoy esta aseveración ha caído en saco roto y que se convierte en una promesa ministerial incumplida.

La declaración de Zona de Especial Singularidad debe convertirse en una herramienta que el Ministerio del Interior debe poner en marcha para reforzar la seguridad pública allí donde sea necesario e impulsar otras medidas que den soporte a esta cuestión.

Los guardias civiles siguen demandando más personal, más medios técnicos y más garantías jurídicas que aporten seguridad en sus actuaciones y protocolos acordes a las necesidades del servicio.