El Ayuntamiento de Benissa, municipio valenciano, aprobó en marzo del pasado año la recuperación de la parcela que cedió a la Subdelegación del Gobierno para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Con este movimiento que se realizó en sesión plenaria quedó sin efecto el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de la localidad. En el mismo, ambas Administraciones acordaron en 2006 derribar el antiguo debido a su deteriorado estado y construir unas nuevas dependencias. De esto sólo queda incertidumbre.
La extinción de dicho Convenio también implica la anulación de la cesión gratuita de las viviendas que actualmente están adjudicadas y utilizan los Guardias Civiles allí destinados. Hay muchas dudas entre los componentes de dicha unidad porque desconocen cuál será su situación laboral y social a partir de ahora.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha renovado durante un año –hasta el 31 de agosto de 2023–, el alquiler del local donde permanecen las dependencias oficiales del Instituto Armado. Desembolsará 8.868,47 euros por ello. Dicha renovación del contrato preocupa a los agentes allí destinados porque no figura alusión alguna a las viviendas que disponen actualmente y desconocen si se ha procedido a la cesión de las mismas. Además, cuando transcurra el año de contrato no saben si el acuartelamiento continuará en la misma localidad o perderán el destino, teniendo que incorporarse a otras unidades como refuerzo y a otros cuarteles.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles remitió en abril de 2021 un escrito dirigido al Coronel Jefe de la Comandancia de Alicante. Se le pedía información sobre estas cuestiones, pero únicamente se limitó a referir que el contrato de arrendamiento seguía en vigor con la intención de renovarlo un año más. También dijo que contemplaba “otras alternativas de las que informaría en tiempo y forma”, sin embargo, dos años después continúa sin dar respuesta.
Cuando solicitamos en las mismas fechas una reunión con la Subdelegada del Gobierno de Alicante, Dª Araceli Poblador, lejos de escuchar las demandas de los agentes prefirió no reunirse con la Asociación mayoritaria de Guardias Civiles ni facilitó respuesta alguna. Esto es una total y absoluta falta de sensibilidad hacia los miembros de las FFCCSE que trabajan en dicha localidad.
Desde AUGC solicitamos tanto a las autoridades del Ministerio de Interior, como Autonómicas, Locales y del Cuerpo que se dejen de tanto ocultismo y realicen todas las gestiones con total transparencia e informando debidamente a los agentes allí destinados de cuál será su futuro. También tienen familias y toda esta situación está generando un gran desasosiego.