La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresa su profunda preocupación ante las informaciones conocidas en los últimos días, que apuntan a posibles intentos de interferencia en la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Desde AUGC queremos manifestar nuestro absoluto respaldo a la profesionalidad, el rigor y el compromiso con el Estado de Derecho que demuestran los agentes de la UCO en el desempeño de sus funciones. Esta unidad ha demostrado sobradamente su competencia y eficacia en investigaciones de gran complejidad y trascendencia, actuando siempre bajo el principio de legalidad y bajo la dirección de la autoridad judicial competente.
En un Estado de Derecho, resulta inaceptable cualquier intromisión real o presunta que pueda interpretarse como un intento de condicionar o limitar la actuación de los cuerpos policiales en su labor investigadora. Las unidades de investigación deben trabajar con plena independencia operativa, sin presiones externas, y con todas las garantías jurídicas.
Nos sorprende y preocupa, además, el silencio de la Dirección General de la Guardia Civil. Resulta incomprensible que no se haya pronunciado para defender públicamente el trabajo de sus propios efectivos, especialmente de aquellos destinados a unidades tan sensibles y exigentes como la UCO. Una institución que no respalda con firmeza a sus profesionales ante situaciones como la presente, mina su propia credibilidad y deja desprotegidos a quienes arriesgan su carrera, e incluso su seguridad, en la lucha contra el crimen.
Desde hace años, AUGC viene denunciando el desmantelamiento progresivo de unidades fundamentales para la seguridad ciudadana y la labor del Cuerpo: el cese de la unidad de Tráfico en Navarra, el cierre de OCONSUR, las cesiones de competencias en Puertos y Aeropuertos de Cataluña, la voluntad de cerrar el GRS 8 en Canarias, el progresivo desmantelamiento de unidades del SEPRONA, y el cierre de la ORIS del Ministerio del Interior. Estos hechos evidencian una preocupante deriva que debilita operativamente a la Guardia Civil y perjudica directamente al servicio que se presta a la ciudadanía.
Ahora, este ataque a la UCO se suma a un contexto en el que no se reconoce el riesgo diario que asumen los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, negándoseles la consideración de profesión de riesgo. A ello se añade la negativa reiterada del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a mantener una reunión con nuestra asociación, ignorando nuestras legítimas reivindicaciones.
