Una guardia civil destinada en el Núcleo de Servicios, unidad que se encarga de la seguridad del acuartelamiento de Córdoba, sede de la comandancia provincial, fue integrada a petición propia en un grupo de servicio y poco después la sargento jefa de su unidad decidió encuadrarla forzosamente en otro grupo, alegando que lo hacía para optimizar medios, a pesar de que los hechos contradicen ese argumento.
La secretaria de igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Rosa Alegre, se ha hecho eco de la indignación de la afectada y de sus compañeras, al considerar que esa decisión podría llegar a constituir una discriminación por razón de sexo, porque no se actúa del mismo modo con los componentes masculinos de esa unidad, a los cuales se les están autorizando las solicitudes de cambio de grupo, y además la medida se adopta fundamentándose precisamente en su condición de mujer. Indignación aún mayor al ver que es precisamente otra mujer la que ha tomado esa decisión.
Por su parte, el secretario provincial de AUGC, Gustavo Pérez, dirigió un escrito al jefe provincial de la Guardia Civil, el Coronel Ramón María Clemente, solicitando que se dejara sin efecto ese cambio forzoso y argumentando que “los puestos de trabajo del Núcleo de Servicios no se distinguen en función del sexo del personal destinado, y las vacantes de dicha unidad se asignan por antigüedad sin diferenciar entre hombres y mujeres”.
En el escrito se expone también que “si se considera necesario optimizar los medios o los recursos humanos, lo que debe hacerse es incrementar la plantilla de esta unidad que lleva muchos años arrastrando un grave déficit de personal, hasta el punto de necesitar habitualmente el refuerzo de otras unidades para el desempeño de sus cometidos, y debe recuperarse a los componentes que se encuentran comisionados o agregados en otras unidades”.
Dos meses después, el coronel Clemente ha inadmitido la solicitud planteada por esta asociación profesional, por lo que los servicios jurídicos de AUGC han asesorado a la guardia civil afectada para que tramite su propia petición y se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, al objeto de determinar si podría haberse producido una vulneración del principio de igualdad y una discriminación por razón de sexo.
