Los hechos como los sucedidos durante el control del GAR en Sevilla, con 6 personas fallecidas, de las cuales dos son guardias civiles, o el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, muestran que asumimos unos riesgos inherentes a nuestra profesión. Aún seguimos reclamando, y este Gobierno nos niega, ser reconocidos como profesión de riesgo.
La falta de evaluación de riesgos (a día de hoy muchas unidades siguen sin tener la primera evaluación), la falta de personal en las oficinas de riesgos laborales y la falta de investigación de los accidentes centró el diálogo mantenido.
Ante cualquier accidente laboral, la empresa es sometida a diversas investigaciones. Por un lado, su servicio de prevención debe investigar lo ocurrido para adoptar medidas preventivas o modificar protocolos (de ser necesario), al mismo tiempo, la Guardia Civil o Policía instruyen diligencias que son remitidas a la fiscalía y, además, inspección de trabajo realiza una exhaustiva investigación de lo ocurrido.
Sin embargo, en nuestro caso, la única investigación que se realiza es la interna del servicio de prevención, no instruyéndose diligencias policiales para la fiscalía especial de Seguridad y Salud en el Trabajo.
No tenemos más que palabras de agradecimiento hacia la fiscalía por el interés y preocupación mostrados durante la reunión y esperemos que, gracias a este tipo de reuniones, se puedan conseguir iniciativas para mejorar las condiciones en las que trabajamos los guardias civiles.
