COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL EN CÁDIZ: EL ÚLTIMO REDUCTO PARA LOS FUMADORES

Desde enero de 2011, como ya todos sabemos, está terminantemente prohibido fumar en toda clase de espacio público o privado de carácter colectivo. Este triunfo de la sociedad para preservar el derecho de quienes querían gozar de una buena salud, ha tenido unos ásperos inicios, no exentos de polémicas, pero que con el paso del tiempo, no sólo han demostrado que la medida fue positiva, sino que cada vez, se oyen menos las voces de quienes protestaban por mantener la permisividad sobre este nefasto vicio. Pero, ¿Toda España? No. En toda, no. En Cádiz, concretamente en el interior de la Comandancia de la Guardia Civil de la avenida de Astilleros, existe un local poblado de irreductibles fumadores que se aferra gracias a la permisividad de sus responsables, a consagrar la tradición de toda taberna cuartelera: sus (malos) humos. Por supuesto que es un establecimiento público, regentado por empresa hostelera, en igualdad de condiciones que otro cualquier local abierto en la capital. Pero es un reducido grupo de sus moradores, quienes condicionan los usos y costumbres del lugar, los que ignoran la normativa y violan los derechos de niños, mujeres y hombres, a poder hacer uso de un espacio público sin tener que soportar lo que ya en la calle, es casi una anécdota. Además, son también éstos, los que usan su posición de ventaja y la absurda disciplina militar de un cuerpo policial, para acallar cuantos reproches puedan venir de otros usuarios de menor rango. Pero lo más grave, es que la creación de este ambiente medieval y de señorío, provoca que incluso la empresa que gestiona dicho establecimiento, responsable último en el caso de que existieran medidas punitivas, tolere estas prácticas en previsión de su merecida renovación anual, amén de asegurar la permanencia en el local de sus mejores clientes. La Delegación de AUGC en Cádiz, no puede tolerar, estas graves infracciones por omisión de su máximo responsable, el Coronel Antonio Tocón Díez, y se encuentra asesorando jurídicamente a personas afectadas por la intolerancia de los demás y la permisividad de sus mandos, estudiando las acciones legales que pueden llevarse a cabo, desde la denuncia a los servicios de inspección regulados en la Ley 42/2010, hasta el uso del Régimen Disciplinario vigente en la Guardia Civil, al suponerse, que éste tipo de actos es aun de mayor gravedad cuando concurren la participación de funcionarios públicos encargados en parte de la observancia de las leyes.