El General Jefe de la 4ª Zona de Andalucía, en escrito núm. 885 de 17 de mayo, ha comunicado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la decisión de no incoar procedimiento disciplinario contra los capitanes imputados por el Juzgado Numero 4 de Ayamonte (Huelva) por un delito contra la integridad moral.
Este oficial, en una resolución sin precedentes, y sin exponer hechos ni fundamentos de derecho donde justificar esta medida, dice lacónicamente lo siguiente: “El general que suscribe acuerda, una vez examinada la documentación, la no incoación del procedimiento disciplinario contra los Capitanes”.
La documentación enviada no dejaba lugar a dudas y se demostraba de forma fehaciente que estos dos capitanes estaban imputados por un delito por un juzgado civil.
Ésta es una prueba más de la caduca y trasnochada justicia militar, que protege a estos dos oficiales, mientras que a los guardias civiles de base, en cuanto están imputados, les son abiertos expedientes disciplinarios, son cesados en sus funciones, y en algunos casos incluso relevados en sus destinos.
La Ley disciplinaria de la Guardia Civil es muy clara al respecto y no deja lugar a la interpretación: si se imputa a un guardia civil por un delito es preceptiva la apertura de un procedimiento sancionador, que deberá quedar, como no podía ser de otra forma, en suspenso hasta la resolución del procedimiento judicial.
AUGC Huelva ha presentado el correspondiente recurso de alzada al Director General, que por supuesto denegará, como así se ha hecho en otras ocasiones ante las denuncias presentadas por esta asociación.
Ante esta negativa, AUGC ha recurrido a las autoridades políticas para que expliquen en el Congreso de los Diputados por qué no se han tomado medidas contra estos dos oficiales, que continúan imputados en sendos delitos sin que se les haya abierto expedientes disciplinarios y sin que se les haya apartado en funciones en sus actuales destinos.
En los últimos días hemos sido testigos en los medios de comunicación de cómo actúa la justicia militar y la institución militar.
Así, mientras que los guardias civiles son encarcelados en cárceles militares por una simple discusión con un superior; mientras que los tribunales militares están imputando a guardias civiles simplemente por recurrir a la justicia militar ante un expediente que consideran injusto; y mientras que se aplican las normas de una forma estricta a los deben obedecerlas, aquellos que tienen el poder de aplicarlas se salvaguardan de su aplicación defendiéndose entre sí.
Mientras que las denuncias de los guardias civiles tengan que ser resueltas por los propios mandos del Cuerpo, casi ninguna de ellas prosperará. esperemos que como en el procedimiento contra estos dos oficiales, sea la justicia civil la que al final actúe como debió hacerlo el General.
La Guardia Civil, a pesar que solo tiene naturaleza militar es todavía mucho más estricta y defensora de las castas que los propios ejércitos y a pesar de que la cuestión es clara, decide no abrir expediente y punto. ¿Que se incumple la Ley Disciplinaria por un General?: no pasa nada. ¿Quién va a expedientar al General, si no son capaces ni de expedientar a dos oficiales?
En este caso no se trata de quien lleve o no lleve razón, de pruebas, de juicios o de denuncias. Es muy claro lo que deben hacer y así lo exige la propia Ley Disciplinaria: si se es imputado por un delito por un juzgado civil, a todos los guardias civiles se les abre expediente disciplinario y se les cesa en sus funciones durante tres meses.
La incontemplada excepción de este caso no solo no se entiende (máxime cuando muchos guardias civiles han sido objeto de una apertura de expediente por el hecho de estar imputados por un juzgado por delitos mucho menos graves), sino que esta distinta vara de medir del General merece, cuando menos, un reproche de la Dirección General y de los poderes políticos.
AUGC estudiará jurídicamente las medidas a tomar ante esta decisión y puede tener la seguridad el “El Señor General”, que seguirá insistiendo en la solicitud que ha planteado, hasta las más altas esferas de la institución, a la espera de la contestación que dará el Gobierno a las preguntas parlamentarias que se han presentado.
Así mismo, denunciará públicamente cuantas decisiones considere arbitrarias, injustas y discriminatorias que se tomen sobre estas denuncias.
No obstante, como quiera que los dos oficiales han sido nuevamente imputados, ahora por el Juzgado Número dos de Ayamonte, AUGC ha vuelto a solicitar del General la apertura de otro expediente disciplinario, al ser ésta la autoridad con competencias en este procedimiento, no descartando ninguna otra posibilidad de recurso y a pesar de que tiene la completa seguridad de que nuevamente lo denegara.
Lo que no podemos entender es que los Asesores Jurídicos de la Zona avalen esta decisión, salvo que ni siquiera se les haya pedido su opinión y haya sido decidido solo por el General, opción que consideramos más acertada porque ni siquiera se fundamenta la decisión de no apertura de expediente en ningún fundamento jurídico o informe de la Asesoría, por lo que parece una decisión personal del General.
Este oficial, en una resolución sin precedentes, y sin exponer hechos ni fundamentos de derecho donde justificar esta medida, dice lacónicamente lo siguiente: “El general que suscribe acuerda, una vez examinada la documentación, la no incoación del procedimiento disciplinario contra los Capitanes”.
La documentación enviada no dejaba lugar a dudas y se demostraba de forma fehaciente que estos dos capitanes estaban imputados por un delito por un juzgado civil.
Ésta es una prueba más de la caduca y trasnochada justicia militar, que protege a estos dos oficiales, mientras que a los guardias civiles de base, en cuanto están imputados, les son abiertos expedientes disciplinarios, son cesados en sus funciones, y en algunos casos incluso relevados en sus destinos.
La Ley disciplinaria de la Guardia Civil es muy clara al respecto y no deja lugar a la interpretación: si se imputa a un guardia civil por un delito es preceptiva la apertura de un procedimiento sancionador, que deberá quedar, como no podía ser de otra forma, en suspenso hasta la resolución del procedimiento judicial.
AUGC Huelva ha presentado el correspondiente recurso de alzada al Director General, que por supuesto denegará, como así se ha hecho en otras ocasiones ante las denuncias presentadas por esta asociación.
Ante esta negativa, AUGC ha recurrido a las autoridades políticas para que expliquen en el Congreso de los Diputados por qué no se han tomado medidas contra estos dos oficiales, que continúan imputados en sendos delitos sin que se les haya abierto expedientes disciplinarios y sin que se les haya apartado en funciones en sus actuales destinos.
En los últimos días hemos sido testigos en los medios de comunicación de cómo actúa la justicia militar y la institución militar.
Así, mientras que los guardias civiles son encarcelados en cárceles militares por una simple discusión con un superior; mientras que los tribunales militares están imputando a guardias civiles simplemente por recurrir a la justicia militar ante un expediente que consideran injusto; y mientras que se aplican las normas de una forma estricta a los deben obedecerlas, aquellos que tienen el poder de aplicarlas se salvaguardan de su aplicación defendiéndose entre sí.
Mientras que las denuncias de los guardias civiles tengan que ser resueltas por los propios mandos del Cuerpo, casi ninguna de ellas prosperará. esperemos que como en el procedimiento contra estos dos oficiales, sea la justicia civil la que al final actúe como debió hacerlo el General.
La Guardia Civil, a pesar que solo tiene naturaleza militar es todavía mucho más estricta y defensora de las castas que los propios ejércitos y a pesar de que la cuestión es clara, decide no abrir expediente y punto. ¿Que se incumple la Ley Disciplinaria por un General?: no pasa nada. ¿Quién va a expedientar al General, si no son capaces ni de expedientar a dos oficiales?
En este caso no se trata de quien lleve o no lleve razón, de pruebas, de juicios o de denuncias. Es muy claro lo que deben hacer y así lo exige la propia Ley Disciplinaria: si se es imputado por un delito por un juzgado civil, a todos los guardias civiles se les abre expediente disciplinario y se les cesa en sus funciones durante tres meses.
La incontemplada excepción de este caso no solo no se entiende (máxime cuando muchos guardias civiles han sido objeto de una apertura de expediente por el hecho de estar imputados por un juzgado por delitos mucho menos graves), sino que esta distinta vara de medir del General merece, cuando menos, un reproche de la Dirección General y de los poderes políticos.
AUGC estudiará jurídicamente las medidas a tomar ante esta decisión y puede tener la seguridad el “El Señor General”, que seguirá insistiendo en la solicitud que ha planteado, hasta las más altas esferas de la institución, a la espera de la contestación que dará el Gobierno a las preguntas parlamentarias que se han presentado.
Así mismo, denunciará públicamente cuantas decisiones considere arbitrarias, injustas y discriminatorias que se tomen sobre estas denuncias.
No obstante, como quiera que los dos oficiales han sido nuevamente imputados, ahora por el Juzgado Número dos de Ayamonte, AUGC ha vuelto a solicitar del General la apertura de otro expediente disciplinario, al ser ésta la autoridad con competencias en este procedimiento, no descartando ninguna otra posibilidad de recurso y a pesar de que tiene la completa seguridad de que nuevamente lo denegara.
Lo que no podemos entender es que los Asesores Jurídicos de la Zona avalen esta decisión, salvo que ni siquiera se les haya pedido su opinión y haya sido decidido solo por el General, opción que consideramos más acertada porque ni siquiera se fundamenta la decisión de no apertura de expediente en ningún fundamento jurídico o informe de la Asesoría, por lo que parece una decisión personal del General.
