Orden de busca y captura contra el sargento acusado de narcotráfico tras denuncia de AUGC Málaga

por Administración AUGC

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Diario SUR/ Montse Martín
La Audiencia de Málaga ha decidido suspender el juicio contra 39 personas acusados de narcotráfico, entre ellos el exjefe del grupo antidroga de la Guardia Civil, un sargento y varios agentes por incomparecencia de dos procesados. El tribunal ha dictado una orden de busca y captura internacional e ingreso en prisión para el sargento, uno de los principales acusados, para el que el fiscal solicita más de 50 años, que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado mes de julio, y contra otro imputado que tampoco ha comparecido en la vista oral. Asimismo, el tribunal ha instado a un letrado, que tampoco se ha presentado, a que justifique su ausencia en el juicio, y en función de sus alegaciones se decidirá si se le incoa un expediente para comunicarlo al Colegio de Abogados. El juicio, que se reanudará el próximo 14 de octubre con la exposición de las cuestiones previas, es la segunda vez que tiene que ser suspendido.
Entre los 39 acusados en este proceso se encuentra el que fuera jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga, un sargento y otros agentes del Instituto Armado, una abogada y supuestos confidentes y traficantes, entre otros. El fiscal les vincula en una presunta trama relacionada con operaciones de narcotráfico y les imputa, entre otros, delitos de encubrimiento, revelación de secreto, robo, proposición para cometer delitos de tráfico de drogas, contra la salud pública, blanqueo y cohecho.
La acusación pública pide inicialmente más de 30 años de prisión para el exjefe del EDOA por delitos de revelación de secretos, contra la inviolabilidad del domicilio, robo, contra la salud pública, falsedad y malversación, y más de 50 años para el sargento, al que le añade blanqueo de capitales. Acusa a ambos de participar, presuntamente, en dos operaciones contra tráfico de drogas, a partir de las intervenciones telefónicas de las que se desprenden que habrían contactado con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían acordado un operativo para que éstos se quedaran con parte del cargamento. Igualmente les imputa haberse apoderado, antes de un registro judicial, de 40.000 euros de la vivienda de otro guardia civil arrestado, que era defendido por la abogada también imputada y pareja del sargento acusado. De éste último, el fiscal asegura que colaboraba presuntamente con personas pertenecientes a redes que introducían droga desde Marruecos, mientras que al exjefe del EDOA le imputa haber avisado a confidentes de investigaciones policiales impidiendo que llegaran a culminarse.
En este caso se ha personado como acusación particular la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que les imputa además un delito de asociación ilícita.
El abogado del exjefe del EDOA, por su parte, explica en su escrito de defensa que la acusación que formula el fiscal se ha confeccionado sobre la base de «meras denuncias sin contrastar», que se corresponden con informes emitidos por Asuntos Internos de la Guardia Civil a instancias del Greco (Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado), del Cuerpo Nacional de Policía, o directamente por este cuerpo policial.

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