El pasado enero tres agentes del grupo ECO (Equipo de Crimen Organizado), dependiente funcionalmente de la Unidad Central Operativa (UCO) y orgánicamente de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, con sede en la localidad de Benalmádena, fueron cesados en sus destinos. Podría pensarse que dicho cese vino motivado por alguna actuación profesional contraria a las leyes, a la imagen del Cuerpo o por cualquier otra circunstancia de la suficiente gravedad como para tomar una decisión tan grave que no solo afecta a los propios agentes sino a sus familias y circunstancias personales. Pues no, el motivo no es otro que atreverse a reclamar sus derechos laborales.
Para entender bien lo sucedido, y analizando cronológicamente los hechos, que expondremos a continuación solo puede llegarse a la conclusión que, para los responsables de la UCO y para el propio Director General, el estar destinado en una unidad de elite en la lucha contra el crimen es incompatible con poder disfrutar los derechos sociolaborales fundamentales de los que goza cualquier funcionario policial.
Así, los tres compañeros ahora cesados, durante los años 2015 y 2016 tuvieron el “atrevimiento” de presentar escritos reclamando una correcta aplicación de la norma que regula la jornada y que, evidentemente, también les afecta, y una reducción de la misma, amparados en la normativa que lo regula, para una correcta conciliación familiar.
Pues bien, solo ese hecho, propició que en noviembre de 2016 ya se propusiera por parte de sus responsables la revocación del destino. Estos tres compañeros, buenos profesionales con más de 10 años de duro trabajo en su unidad, no han recibido ni una sola valoración negativa en las evaluaciones bi anuales que se realizan por parte de sus mandos directos, mucho menos han sufrido incoación de expedientes disciplinarios, no han tenido un solo incidente desfavorable con ciudadanos, detenidos, compañeros o mandos, es más, en los últimos años la Guardia Civil ha invertido en diferentes cursos y especializaciones para desarrollar con mejor formación su trabajo, destacando el master universitario en delitos económicos realizado por uno de ellos que sufragó la Guardia Civil,
Pero el calvario de estos compañeros no acaba aquí, tras perder el destino en su unidad varios de ellos han solicitado destino en distintas unidades de Málaga y Cádiz y, de manera incomprensible, desde la Dirección General se les ha desestimado la petición basada en unas inexplicables “necesidades del servicio” que están haciendo que la situación personal y familiar de estos tres guardias civiles sea desesperada puesto que, si nadie lo remedia, su fin será el destierro a alguna unidad muy alejada de su entorno que acabará destrozando tres trayectorias profesionales cualificadas e impolutas y tres familias por el simple hecho de reclamar unos derechos más que consolidados en el resto de la administración.
Desde AUGC solicitamos el pasado mes una reunión con la Subdirección de Personal para que se nos diese alguna explicación del porqué de esta forma despótica de actuación y la misma fue negada por su actual titular, pese a ello, vamos a seguir defendiendo en los tribunales y ante la opinión pública a estos tres afiliados cuyo único delito ha sido pensar que en la UCO también pueden reclamarse derechos.
No se entiende como en una unidad que tan buenos servicios está dando a la sociedad, que ha acrecentado la imagen del Cuerpo en la lucha contra la corrupción y que es de las más valoradas por la ciudadanía se permitan estas actuaciones contra tres funcionarios honrados que solo han reclamado lo que les pertenece y, desde aquí, apelamos al Ministerio del Interior a que la actual situación de nuestros compañeros se reconduzca y se solucione puesto que en la Guardia Civil no deben existir espacios de restricción de derechos en función del destino que se ocupe.
