Una discusión con un superior es la causa que llevará a un guardia civil de Tenerife a sentarse en el banquillo del Juzgado Togado Miliar de Santa Cruz de Tenerife el próximo 24 de septiembre. El Tribunal puede condenar a este agente, que actualmente está en la reserva con lo que ha dejado de prestar servicio en la Benemérita, a entrar en una prisión militar durante cinco meses.
La situación de este guardia civil, que ha prestado su servicio en Garachico, es consecuencia de la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar, ya que, según esta ley, pueden ir a la cárcel por lo que sería una mera falta administrativa para cualquier funcionario público.
Lorenzo no es el único agente de Tenerife que este año ha tenido que enfrentarse a esta situación. El pasado mes de abril, otro compañero fue juzgado por el Tribunal Militar por un presunto empujón a un superior. Jesús fue absuelto de una pena de cinco meses en una prisión militar.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Santa Cruz de Tenerife confía en que Lorenzo corra su misma suerte. Este agente, que ha pasado a la reserva con lo que ha dejado de prestar servicio en la Guardia Civil, ha sido sometido a un auténtico vía crucis y vive en estado de incertidumbre desde que el 20 de octubre de 2014 el Juzgado Togado Militar de Santa Cruz de Tenerife le notificara que se enfrenta a una pena de cinco meses por haber discutido con un superior.
AUGC, la asociación con mayor representación en la Guardia Civil, denuncia la apertura a este guardia civil de un procedimiento en un juzgado militar. AUGC considera que la Guardia Civil, con este tipo de actuaciones, está vulnerando derechos fundamentales de los guardias civiles, ya que se ha vaciado de contenido a la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y el artículo 7.bis de la Ley Orgánica 13/1985 del Código Penal Militar, en la que se especifica claramente que el uso del Código Penal Militar en la Benemérita solo se ciñe a “situaciones extraordinarias” y siempre que se den las circunstancias de tiempo de guerra, estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar y/o la integración del personal del Cuerpo Policial en Unidades Militares.
El caso de Lorenzo es un ejemplo claro de la vulneración de este precepto, ya que va a ser juzgado por un tribunal militar por discutir con un sargento al mostrarse en desacuerdo con una documentación que el superior le dio a firmar, a pesar de no negarse a firmar se produjo una discusión que puede traerle como consecuencia una condena e ingreso de prisión de cinco meses que el agente deberá cumplir íntegramente, pues no se producen efectos beneficiarios que afectan a los ciudadanos de reducción de condena ni ausencia de ingreso en prisión por condena inferior a dos años.
La delegación de AUGC en Santa Cruz de Tenerife lamenta que a los delincuentes comunes se les puede suspender su entrada a prisión si no son condenados por un tiempo superior a dos años de prisión y no han cometido anteriormente otros delitos, o sustituirla por una multa o trabajos en la comunidad. Sin embargo, los guardia civiles, por insultar a un superior entramos a la cárcel, incumpliendo así la finalidad de la condena, que no es otra que la pretendida reinserción.
La eliminación del carácter militar en la Guardia Civil es una vieja reivindicación de AUGC, que aboga porque los guardias civiles sean tratados como policías, ya que ejercen igual labor, y no como soldados. Pero en lugar de avanzar en esta dirección, la aplicación del Código Penal Miliar a los guardias civiles viene a confirmar la “remilitarización de la Guardia Civil”, denuncia AUGC. “Solo persigue asegurar los privilegios de los altos mandos, asegura la AUGC. Privilegios de ordeno y mando, de tenernos silenciados, de que seamos baratos y que no podamos quejarnos, mientras ellos tienen pluses económicos mayores que cualquier otro miembro policial, indica la Asociación.
La situación de este guardia civil, que ha prestado su servicio en Garachico, es consecuencia de la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar, ya que, según esta ley, pueden ir a la cárcel por lo que sería una mera falta administrativa para cualquier funcionario público.
Lorenzo no es el único agente de Tenerife que este año ha tenido que enfrentarse a esta situación. El pasado mes de abril, otro compañero fue juzgado por el Tribunal Militar por un presunto empujón a un superior. Jesús fue absuelto de una pena de cinco meses en una prisión militar.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Santa Cruz de Tenerife confía en que Lorenzo corra su misma suerte. Este agente, que ha pasado a la reserva con lo que ha dejado de prestar servicio en la Guardia Civil, ha sido sometido a un auténtico vía crucis y vive en estado de incertidumbre desde que el 20 de octubre de 2014 el Juzgado Togado Militar de Santa Cruz de Tenerife le notificara que se enfrenta a una pena de cinco meses por haber discutido con un superior.
AUGC, la asociación con mayor representación en la Guardia Civil, denuncia la apertura a este guardia civil de un procedimiento en un juzgado militar. AUGC considera que la Guardia Civil, con este tipo de actuaciones, está vulnerando derechos fundamentales de los guardias civiles, ya que se ha vaciado de contenido a la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y el artículo 7.bis de la Ley Orgánica 13/1985 del Código Penal Militar, en la que se especifica claramente que el uso del Código Penal Militar en la Benemérita solo se ciñe a “situaciones extraordinarias” y siempre que se den las circunstancias de tiempo de guerra, estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar y/o la integración del personal del Cuerpo Policial en Unidades Militares.
El caso de Lorenzo es un ejemplo claro de la vulneración de este precepto, ya que va a ser juzgado por un tribunal militar por discutir con un sargento al mostrarse en desacuerdo con una documentación que el superior le dio a firmar, a pesar de no negarse a firmar se produjo una discusión que puede traerle como consecuencia una condena e ingreso de prisión de cinco meses que el agente deberá cumplir íntegramente, pues no se producen efectos beneficiarios que afectan a los ciudadanos de reducción de condena ni ausencia de ingreso en prisión por condena inferior a dos años.
La delegación de AUGC en Santa Cruz de Tenerife lamenta que a los delincuentes comunes se les puede suspender su entrada a prisión si no son condenados por un tiempo superior a dos años de prisión y no han cometido anteriormente otros delitos, o sustituirla por una multa o trabajos en la comunidad. Sin embargo, los guardia civiles, por insultar a un superior entramos a la cárcel, incumpliendo así la finalidad de la condena, que no es otra que la pretendida reinserción.
La eliminación del carácter militar en la Guardia Civil es una vieja reivindicación de AUGC, que aboga porque los guardias civiles sean tratados como policías, ya que ejercen igual labor, y no como soldados. Pero en lugar de avanzar en esta dirección, la aplicación del Código Penal Miliar a los guardias civiles viene a confirmar la “remilitarización de la Guardia Civil”, denuncia AUGC. “Solo persigue asegurar los privilegios de los altos mandos, asegura la AUGC. Privilegios de ordeno y mando, de tenernos silenciados, de que seamos baratos y que no podamos quejarnos, mientras ellos tienen pluses económicos mayores que cualquier otro miembro policial, indica la Asociación.
