La Dirección General de la Guardia Civil ha estimado en vía administrativa la reclamación de indemnización para un agente que resultó herido mientras desarrollaba el servicio. El importe que deberá abonar la Administración asciende hasta los 6.600 euros, ya que el atacante fue declarado insolvente mediante sentencia penal firme.
Hay que destacar que el plazo para reclamar no se inicia desde que el penado es declarado insolvente, sino desde el momento en el que se notifica al Guardia Civil la insolvencia del mismo. La cuestión es de especial relevancia porque, en muchos casos, el agente afectado desconoce la noticia hasta que se dirige al Juzgado. Una vez hecho esto, se le notifica la noticia, pero ya ha transcurrido mucho tiempo desde que la sentencia reconoció que el individuo no puede hacer frente al abono.
Para casos como el expuesto, la jurisprudencia dispone de un criterio favorable. Una vez más, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles en La Rioja celebramos este triunfo. Los servicios jurídicos, con Roberto Terrazas al frente como representante, han hecho posible que el agresor sea condenado por un delito de lesiones contra un agente de la autoridad y, además, el compañero agravado será resarcido con 6.600 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio.
