A varios guardias civiles en situación de reserva destinados en el destacamento que se encarga de la seguridad en la Ciudad de la Justicia de Córdoba se les ha comunicado que en los primeros meses de 2024, cuando finalice el periodo de cuatro años de sus destinos no se les va a renovar por otros cuatro más, como se venía haciendo hasta ahora desde 2001, sino que se asignarán dichos destinos a otros agentes con menor antigüedad y menos experiencia en esos cometidos, contrariamente a lo que se hace en el resto de provincias andaluzas, donde se prolongan esos destinos hasta la jubilación.
Esa medida se debe a los nuevos criterios que impuso unilateralmente el anterior jefe provincial, Coronel Juan Carretero, a pesar de las continuas reclamaciones en contra por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles porque esa modificación no debería afectar a quienes ya se encontraban destinados con anterioridad al cambio de criterio adoptado, ya que si hubieran tenido esa información habrían tomado otras decisiones en su carrera profesional, como continuar en servicio activo durante un tiempo y demorar su pase a la situación de reserva.
Los afectados solicitaron esos destinos con la seguridad de que permanecerían en ellos durante ocho años hasta su jubilación, como se ha venido haciendo desde que se creó esa unidad hace más de dos décadas, pero ahora les someten a una situación de inseguridad jurídica y les ocasionan unos gravísimos perjuicios económicos y familiares, puesto que tendrán serios problemas para afrontar distintas situaciones como hipotecas bancarias, financiaciones, o estudios universitarios de sus hijos. Van a sufrir pérdidas retributivas de más de mil euros mensuales, ascendiendo a más de 50.000 euros en el período de cuatro años que les correspondía.
Por ello, el secretario provincial de AUGC, Gustavo Pérez, dirigió hace más de un mes un escrito al actual jefe de la comandancia cordobesa, Coronel Ramón María Clemente, solicitando que no se lleve a cabo dicha medida, sin que hasta ahora se haya recibido respuesta alguna, del mismo modo que ha ocurrido con las peticiones tramitadas por esta asociación profesional desde hace meses para poder reunirse con el máximo responsable provincial de la Guardia Civil.
En ese escrito además se ha solicitado confirmación de la información extraoficial recibida por AUGC respecto a que se podría estar valorando la reducción de la plantilla del destacamento de seguridad en la Ciudad de la Justicia de Córdoba para cubrir las necesidades generadas por la apertura, previsiblemente durante el primer trimestre de 2024, de la nueva sede judicial en Lucena.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles también comunicó hace tiempo esta problemática a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que es quien sufraga económicamente los servicios de seguridad en las sedes judiciales de toda la comunidad autónoma, pero ha declinado intervenir alegando que el modo en que se cubren las vacantes de esas unidades es competencia exclusiva de la Guardia Civil, según el convenio suscrito con Interior.
