El ministro del Interior,Fernando Grande Marlaska, publicó junto a su equipo de Gobiernos unos datos de criminalidad pertenecientes al primer trimestre de 2023 cuatro meses después de dicho período. Un retraso inusual que casualmente tenía intercaladas dos fechas relevantes, las elecciones del 28 de mayo y las generales del 23 de julio. Resultados que indican un preocupante aumento de criminalidad en España del 7'2% en el perídodo de enero a marzo,
Según el balance publicado por el Ministerio del Interior correspondiente al primer trimestre del actual año 2023, la criminalidad en la Comunidad Autónoma andaluza es del 10,5% con respecto a la nacional del 7,2%, datos poco halagüeños. Un dato que refleja las carencias que llevamos reclamando desde AUGC desde hace bastante tiempo, sobre todo en lo que a plantillas respecta, no hay suficientes agentes para asegurar la seguridad ciudadana y los que están en plantilla tienen que asumir una carga excesiva de trabajo.
Tanto es así que ninguna de las provincias andaluzas se libra del incremento delincuencial prácticamente incrementándose en todas las modalidades de tipología penal (criminalidad convencional y cibercriminalidad): Almería 14,2%; Cádiz 9,5%; Córdoba 4,7%; Granada 10,5%; Huelva 7,7%; Jaén 9,3%; Málaga 9,1% y Sevilla 14,1%.
Estos malos datos dan muestra del gran problema existente en relación a la seguridad ciudadana, la mala gestión no sólo gubernamental, que cíclicamente sigue maltratando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con falta de recursos humanos, materiales y económicos en comparación a las policías autonómicas, así como el desamparo en demasiadas ocasiones por parte del sistema judicial y legislativo con respecto a la seguridad de los agentes tanto de Policía como Guardia Civil en relación al principio de autoridad.
Si a esto sumamos que la Guardia Civil sigue siendo el "hermano pobre" de las FCSE, la escasez de agentes, la mínima reposición a través de oferta de empleo público, la distribución geográfica con una penosa gestión por parte de la propia dirección de la Guardia Civil y la cada vez mayor decisión del Gobierno de quitar competencias a la Guardia Civil, el panorama es desolador.
El modelo policial actual sigue siendo el principal escollo para garantizar una seguridad pública de calidad y de momento nadie con responsabilidad y poder(el Gobierno) quiere ni sabe asumirlo.
