En España hay actividad en acuartelamientos que necesitan remodelaciones integrales o parciales y pabellones que se deben renovar para mejorar las condiciones de habitabilidad. También existen dependencias oficiales en uso que presentan fisuras y su situación alarma a los Guardias Civiles que están dentro. Es el caso del cuartel de Laguna del Duero, en Valladolid. En las viviendas del acuartelamiento de Cartagena la situación no es mejor, ni en las de Villasana de Mena o Quintanar de la Sierra, en Burgos. Las enumeraciones podían ser interminables: Existen peligrosas deficiencias en las dependencias de la localidad valenciana de Gata de Gorgos, el techo del cuartel de Denia está en malas condiciones, en el del destacamento de Tráfico de Torrevieja hay amianto, en numerosas dependencias, como en las de Benissa (Alicante), no hay vestuarios para mujeres y, sin salir de la provincia, el de Jacarrilla tiene un techo interior de paja y numerosas humedades. Tan solo son algunos de los olvidados por el Ministerio del Interior.
Los esfuerzos de Marlaska no se focalizan en la situación de tantos Guardias Civiles que trabajan y viven ante estas condiciones. Ha decidido priorizar a través de una actuación de emergencia y tardía las obras en a casa-cuartel de Calera y Chozas, que está en subasta sin albergar actividad alguna desde 2008. El motivo de la rapidez actual se debe a que “el estado general del edificio es ruinoso”, según se justifica en uno de los documentos oficiales de Interior. Hay “fisuras y grietas en paramentos horizontales y verticales, desprendimiento puntual del forjado, deformación generalizada de la estructura de madera, virado de fachada y humedades generalizadas de los diferentes elementos estructurales”, se puede leer. El riesgo de derrumbe planea sobre la infraestructura, pero Interior llega tarde porque tampoco es algo novedoso.
En 2017, cinco años antes de que el Ministerio del Interior decidiera actuar, un técnico municipal fue a inspeccionar el edificio. En su informe, destacó el “estado ruinoso” y determinó “la necesidad de adoptar medidas de seguridad que garanticen la estabilidad de distintas zonas del inmueble y eviten derrumbes parciales del mismo, los cuales ya han comenzado a producirse”. Ya había desprendimientos, pero ha sido en marzo de este año cuando Interior ha formalizado el contrato con una empresa de Alcalá de Henares. En dos meses, han realizado las “obras de apuntalamiento y apeo” acordadas para este antiguo cuartel de Toledo. El coste con IVA: 126.249,71 euros. El precio en primera subasta: 53.863 euros, en segunda: 45.783,55 euros. Así son las gestiones de Interior y sus prioridades; una ineptitud que sufrimos los Guardias Civiles y nos alarma, ya que no sabemos si tendría que ceder algún techo u ocurrir un siniestro para que el Ministerio actúe sobre los tantos cuarteles que tiene olvidados.
Durante los años previos al apuntalamiento estructural, el perímetro de la casa-cuartel de Calera y Chozas ha permanecido vallado para restringir el tráfico peatonal y evitar posibles accidentes en la vía pública. La caída de elementos constructivos podría haber ocasionado una desgracia, además de que hacía peligrar los edificios colindantes. Reiteramos que Interior debería haber actuado antes, ya que los Guardias Civiles que trabajaban en el interior de la casa-cuartel de Calera y Chozas se trasladaron en 2008 por el inicio de unas supuestas obras. Nunca se realizaron a pesar de que se les derivó a dependencias municipales de la localidad y al acuartelamiento de Talavera de la Reina. Esto denota el abandono de ministerial hacia la Guardia Civil, ya que el edificio pertenece a Interior desde diciembre de 1980, año en el que fue donado por el Ayuntamiento de Calera y Chozas. Dejándolo en el olvido, como hace con otros tantos, hemos llegado hasta esta situación difícilmente remediable.
