La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha elevado una queja formal al Parlamento Europeo, mediante la Comisión de Peticiones, ya que la Instrucción 08/09 de la Secretaría de Estado, que regula las conducciones y custodia de los reclusos de centros penitenciarios, vulnera derechos fundamentales de los internos y derechos laborales de los Guardias Civiles, incumpliendo en todo caso la jerarquía normativa Española.
AUGC ha registrado dicha queja contra el Ministerio del Interior, informando al Parlamento Europeo de una serie de incumplimientos del derecho de la Unión Europea, ya que el departamento que dirige Grande Marlaska mantiene en vigor una Instrucción que, en la práctica, supone una vulneración de Derechos Humanos reconocidos en los Tratados de la Unión, tales como el derecho a la salud, la integridad y la vida de los internos.
A lo largo del año 2019 AUGC ha comunicado a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Ministro del Interior y al Defensor del pueblo esta problemática, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas al respecto. Además, la Secretaría de Estado de Seguridad sigue sin emitir respuesta a la queja que tramita el Defensor del Pueblo, habiendo sido requerida hasta en 2 ocasiones dicha Administración por el Alto Comisionado del Congreso, ya que no recibe respuesta a su solicitud de información.
En los últimos dos años han sido canceladas más de 700 consultas médicas programadas de internos, sólo en la Comunidad de Madrid, y no se pueden atender las conducciones por urgencias médicas en los plazos fijados por los servicios médicos de Instituciones Penitenciarias. En un elevado número de casos, estas urgencias deben de ser atendidas con carácter inmediato, o con un espacio temporal de menos de dos horas, y no se cubren las demandas u obligan a los Guardias Civiles a jornadas maratonianas de servicio, conjuntamente con numerosos Riesgos Laborales.
En la práctica, internos con patologías cardiacas, respiratorias, renales o vasculares, en un futuro no muy lejano, podrían tener que ser evacuados a hospitales por Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, los cuales carecen de medios apropiados y no ostentan la condición de agente de la autoridad, o por aún, tendrían que esperar, con el riesgo a su vida que ello supone, que Guardias Civiles, que realizan servicio de conducciones de presos, queden liberados para poder atender la Urgencia, porque están realizando custodias de otros internos o detenidos, que son responsabilidad Policía Nacional, al estar en capitales de provincias, donde la competencia en seguridad ciudadana es de dicho Cuerpo.
Los Guardias Civiles están custodiando internos en las salas de urgencias de los hospitales públicos en demarcación de Policía Nacional, con el riesgo añadido que ello conlleva al no tener apoyos suficientes, y además, en el caso concreto de dos sedes Judiciales de Madrid, custodian también a presos y penados, desplazados desde Centros Penitenciarios a diligencias o juicios en sala, y a detenidos de Policía Nacional, consecuencias de las detenciones que efectúa ese Cuerpo en sus actuaciones en Madrid capital.
Debemos recordarle nuevamente al Ministro que, en los últimos diez años, la plantilla de Policía Nacional se ha incrementado en casi 5.800 agentes y la de Guardia Civile ha descendido en casi 1400 agentes, con lo cual, en estas condiciones, no van a quedar Guardias Civiles disponibles para trasladar a las Sedes Judiciales o a las consultas médicas a los internos, o lo que es peor, se van a tener que detraer patrullas de las zonas rurales, ya de por sí castigadas, para realizar estos servicios.
Resulta llamativo que el Ministerio de Interior destine 8,3 Millones de Euros en la retirada de la concertina en la Ciudad Autónoma de Ceuta, para no vulnerar Derechos Humanos, pero que no resuelva los mismos problemas existentes, en materia penitenciaria. También nos asombra los problemas que se refieren a la contratación de empresas de seguridad privada, que colaboran con las Fuerzas de Seguridad del Estado en la seguridad exterior de las prisiones de las Comunidades Autónomas de Madrid, Extremadura y Castilla la Mancha, y el reparto por demarcaciones territoriales a cada cuerpo policial conforme a la legislación vigente de la custodia de los internos que se desplazan en su salidas extra penitenciarias.
Nuevamente le recordamos al Ministro del Interior que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos de los Guardias Civiles, como el borrador de jornada laboral, que pretendía imponer unas condiciones del siglo XIX en el año 2020, en vez de avanzar hacia la misma jornada de la Policía Nacional
AUGC nuevamente se pone a disposición de cualquier organismo, de carácter nacional o internacional, para explicar la problemática denunciada ante el Parlamento Europeo, y también de aquellas Organizaciones No Gubernamentales que trabajen activamente en la defensa de los derechos de los internos y personas privadas de libertad, instando al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a que inspeccione con urgencia todos aquellos calabozos y centros de custodia, situados en los Juzgados de toda España, puesto que muchos de ellos incumplen todas las normas internacionales y nacionales que los regulan.
