A inicios de 2017, la Dirección General de la Guardia Civil emitió una nota oficial por la que se comunicaba que, durante los dos años anteriores, y achacándolo a errores administrativos e informáticos, 45.696 guardias civiles, es decir, un 60% del total de la plantilla, habían percibido cantidades retributivas erróneas a través de la regulación de los incentivos al rendimiento del personal del Cuerpo. Unos por exceso y otros por defecto, lo que suponía una variación, en muchos de casos, de más de 1.000 euros, y que se iba a proceder a incorporar los errores –aumentando o detrayendo las cuantías que se consideraran- en las nóminas siguientes, aunque sin precisar procedimiento alguno, para llevarlo a efecto.
Esta incertidumbre provocó una auténtica alarma social en el seno del colectivo de guardias civiles, pues no solo se desconocían los destinatarios de tales medidas, sino que dada la complejidad y el oscurantismo que rodea la aplicación este complemento retributivo en la Guardia Civil, difícilmente podría cualquier guardia civil contrastar por sus propios medios su situación particular.
Ante estas circunstancias tan graves y anómalas, los vocales del Consejo de la Guardia Civil pertenecientes a las asociaciones profesionales, solicitaron la convocatoria de un Pleno Extraordinario de este órgano colegiado, a fin analizar las incidencias producidas, encontrar las vías menos traumáticas para reparar los errores cometidos e informar debidamente de todo ello, a los integrantes del Cuerpo. Sin embargo, el oficial general de la Guardia Civil, Secretario del Consejo de la Guardia Civil, denegó la petición alegando que no era oportuna ni conveniente la celebración de este Pleno Extraordinario, amparándose para ello – aunque este extremo no ha quedado debidamente acreditado – en que para ello, seguía “instrucciones del Presidente del Consejo”, es decir, del Ministro del Interior.
Tras esta negativa tajante a convocar la mencionada sesión del Consejo de la Guardia Civil, AUGC no vio otra posibilidad que la de acudir a los Tribunales de Justicia. Y en efecto, la Audiencia Nacional, en resolución del recurso contencioso-administrativo número 216/2017, ha dado la razón a la asociación demandante, dictaminando de forma tajante, que queda anulada la resolución de no proceder a la convocatoria de Pleno del Consejo de la Guardia Civil, por ser contraria al ordenamiento jurídico, y condenando por ello expresamente en costas a la Administración.
Las conclusiones iniciales de este fallo judicial son varias. La primera la falta de respeto que parece demostrar la cúpula de la Guardia Civil hacia los intereses de los miembros del Cuerpo, en este caso, en un tema de sumo interés para los mismos, como es el reparto del complemento de productividad, sistema opaco, del que, ante estas las presentes circunstancias, podemos afirmar que está en quiebra, y que consiguientemente, necesita una reforma profunda e inaplazable.
La segunda es que ya son dos de los órganos jurisdiccionales más importantes de nuestro país – el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional – los que han fallado en contra de la gestión que está realizando la Dirección General de la Guardia Civil, en cuanto al derecho fundamental de asociación profesional. Lo que lleva a la tercera consecuencia, que no es otra que la de que a partir de este momento, y al margen de las responsabilidades que se exigirán ante la que no cabe más que calificar de desastrosa gestión, AUGC no va parar hasta que de una vez por todas, se regule adecuadamente y en consonancia con el marco legal actual, el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, para que realmente sea un instrumento útil en la defensa de los derechos profesionales, económicos y sociales de los integrantes del mayor cuerpo de seguridad de nuestro país.
