En el desarrollo del último Pleno del Consejo de la Guardia Civil, al cual asistieron los máximos responsables ministeriales, Fernando Grande-Marlaska como Ministro de Interior y Ana Mª Botella Secretaría de Estado de Seguridad, donde sus explicaciones no convencieron a los representantes de las asociaciones profesionales, lo cual motivo la interposición de una denuncia por supuestas irregularidades en el proceso de equiparación salarial.
Sin embargo, la falta de transparencia y poca lealtad parece continuar. Hoy hemos conocido a través de una información periodística que el Ministerio del Interior, con fecha anterior a la celebración del Pleno del Consejo de la Guardia Civil, se había dirigido al Consejo de Estado, el cual habría dictaminado, que el acuerdo en materia de equiparación salarial que el Gobierno firmó con los representantes de los guardias civiles y de los policías nacionales en marzo de 2018, y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es “ni jurídicamente exigible ni vinculante”. En concreto, se refiere a la contratación y entrega de los trabajos de una consultoría externa para conocer la cantidad final destinada a la equiparación, para que un guardia civil perciba igual salario que un agente de policía autonómico, y al compromiso de impulsar las medidas legislativas que sean necesarias para que esta brecha salarial no vuelva a reaparecer en un futuro.
Según la información aparecida, y por la que hemos solicitado con carácter de urgencia un encuentro de la Comisión General de Seguimiento en el ámbito del Ministerio del Interior, y por otra parte de manera paralela la celebración de un Pleno extraordinario en la Dirección General de la Guardia Civil, ya que el propio Fernando Grande-Marlaska había solicitado el pasado 28 de febrero un dictamen al supremo órgano consultivo del Gobierno para conocer el grado de compromiso jurídico del acuerdo firmado hace un año por el anterior Ejecutivo con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Y todo ello a espaldas de los guardias civiles y sin dar ninguna explicación.
De confirmarse estos hechos nos encontraríamos con una maniobra impropia de un Gobierno democrático, que ha actuado a espaldas de las asociaciones profesionales para buscar quebrantar un compromiso firmado y publicado en el BOE. Durante estas semanas, además, habría ocultado sus movimientos a los representantes de los miembros de la Guardia Civil, a quienes precisamente, y para mayor sonrojo, había pedido lealtad y actuar de buena fe.
Ahora no cabe sino exigir explicaciones al Ministro mediante la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil, así como de la Comisión General de Seguimiento del acuerdo de equiparación.
Resulta del todo inadmisible que en un Estado de derecho un gobierno no respete ni siquiera acuerdos firmados y publicados en el Boletín Oficial del Estado apenas un año antes. Se trata de una falta de respeto a las reglas democráticas que socava plenamente la confianza en el poder ejecutivo.
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