La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cantabria (AUGC) ha denunciado este miércoles 26 de agosto la existencia de un caso de corrupción interna en el instituto armado que señala al antiguo jefe de la Agrupación de Tráfico en la comunidad autónoma, Lorenzo Bárez, y a uno de sus subordinados que ha solicitado la excedencia. Según la investigación abierta, más de un centenar de transportes especiales de piezas para la construcción del Centro Botín a lo largo de 2014 pudieron realizarse sin permisos por parte de una empresa vinculada a un agente del cuerpo.
El asunto está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander después de pasar por la Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que continúa abierta la investigación interna por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. A pesar de que son dos personas las investigadas hasta el momento, AUGC asegura que estarían involucrados más agentes, aunque no se han encontrado indicios suficientes o pruebas contra ellos.
Alberto Alegría, secretario provincial de esta asociación en Cantabria, ha explicado en rueda de prensa que las pesquisas comenzaron cuando a finales de febrero recibió un informe anónimo que alertaba de la existencia de esta trama organizada en la que colaboraban varios miembros de la Guardia Civil.
En su intervención, el denunciante ha relatado cómo, presuntamente, durante el año pasado se realizaron más de cien viajes desde la periferia de Santander al centro de la ciudad, donde se construye el edificio cultural financiado por la Fundación Botín, a cargo de una empresa propiedad del agente implicado o de familiares suyos. Este efectivo pertenece al servicio de COTA, la Central Operativa de Tráfico, encargado de la distribución de las patrullas de la Benemérita.
Siempre según la versión de este agente, que ya ha declarado de forma voluntaria ante los investigadores y ha aportado todos los datos recabados en los últimos meses, se daban incidencias fingidas a las patrullas para despejar el camino de estos transportes especiales sin licencia. Además, podrían haber conseguido la connivencia de la Policía Local de Santander, puesto que el último tramo de acompañamiento, dentro de la ciudad, corresponde a este cuerpo.
¿Qué pasa aquí para que ningún oficial se haya dado cuenta de lo que estaba pasando? ¿Qué pasa aquí que nadie se entera de nada? ¿Dónde están los controles internos, ha cuestionado Alegría ante los periodistas. Hay una cara oculta en la Guardia Civil y no queremos formar parte de ella. Vamos a seguir trabajando para sacarla a la luz, ha advertido el portavoz de AUGC.
El secretario provincial de AUGC ha explicado que este procedimiento investigado permitía realizar los traslados obviando todo tipo de trámite y en el momento que venía bien. Por eso, h a manifestado que, cuando recibió el anónimo, -en su opinión, enviado por algún miembro del cuerpo-, remitió el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, que lo ha archivado al haberse abierto una investigación judicial.
Además, trató de comprobar por su cuenta si la denuncia tenía algún viso de verosimilitud, lo que le permitió constatar que entre los guardias de la zona de Santander existía el runrún de que efectivamente era así y había indignación por quién estaba detrás. Posteriormente, el 5 de julio, se personó en Cantabria un grupo de investigación para abrir una información reservada.
Han prestado declaración ante este grupo numerosas personas, entre ellos el propio Alegría y un empresario que había contactado con él unos días antes para denunciar que le estaban levantando transportes en beneficio de la empresa a la que está vinculado el agente implicado en el caso.
El asunto está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander después de pasar por la Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que continúa abierta la investigación interna por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. A pesar de que son dos personas las investigadas hasta el momento, AUGC asegura que estarían involucrados más agentes, aunque no se han encontrado indicios suficientes o pruebas contra ellos.
Alberto Alegría, secretario provincial de esta asociación en Cantabria, ha explicado en rueda de prensa que las pesquisas comenzaron cuando a finales de febrero recibió un informe anónimo que alertaba de la existencia de esta trama organizada en la que colaboraban varios miembros de la Guardia Civil.
En su intervención, el denunciante ha relatado cómo, presuntamente, durante el año pasado se realizaron más de cien viajes desde la periferia de Santander al centro de la ciudad, donde se construye el edificio cultural financiado por la Fundación Botín, a cargo de una empresa propiedad del agente implicado o de familiares suyos. Este efectivo pertenece al servicio de COTA, la Central Operativa de Tráfico, encargado de la distribución de las patrullas de la Benemérita.
Siempre según la versión de este agente, que ya ha declarado de forma voluntaria ante los investigadores y ha aportado todos los datos recabados en los últimos meses, se daban incidencias fingidas a las patrullas para despejar el camino de estos transportes especiales sin licencia. Además, podrían haber conseguido la connivencia de la Policía Local de Santander, puesto que el último tramo de acompañamiento, dentro de la ciudad, corresponde a este cuerpo.
¿Qué pasa aquí para que ningún oficial se haya dado cuenta de lo que estaba pasando? ¿Qué pasa aquí que nadie se entera de nada? ¿Dónde están los controles internos, ha cuestionado Alegría ante los periodistas. Hay una cara oculta en la Guardia Civil y no queremos formar parte de ella. Vamos a seguir trabajando para sacarla a la luz, ha advertido el portavoz de AUGC.
El secretario provincial de AUGC ha explicado que este procedimiento investigado permitía realizar los traslados obviando todo tipo de trámite y en el momento que venía bien. Por eso, h a manifestado que, cuando recibió el anónimo, -en su opinión, enviado por algún miembro del cuerpo-, remitió el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, que lo ha archivado al haberse abierto una investigación judicial.
Además, trató de comprobar por su cuenta si la denuncia tenía algún viso de verosimilitud, lo que le permitió constatar que entre los guardias de la zona de Santander existía el runrún de que efectivamente era así y había indignación por quién estaba detrás. Posteriormente, el 5 de julio, se personó en Cantabria un grupo de investigación para abrir una información reservada.
Han prestado declaración ante este grupo numerosas personas, entre ellos el propio Alegría y un empresario que había contactado con él unos días antes para denunciar que le estaban levantando transportes en beneficio de la empresa a la que está vinculado el agente implicado en el caso.
