El pasado 19 de junio se hizo pública, a través de los medios de comunicación, la constitución de la comisión de valoración contemplada en la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos “en un contexto de violencia de motivación política” en la Comunidad Autónoma Vasca.
Esta norma fue aprobada por el Parlamento Vasco en 2015 y la Abogacía del Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad en fecha 10 de mayo de 2017. La redacción del mismo se basó en que podría estar vulnerándose el artículo 117 de nuestra Carta Magna, al atribuir a un grupo de "expertos" la función de investigación y resolución de supuestos delitos de tortura, contemplados en los arts. 2.3-2.4 de la citada Ley, en la que textualmente se indica que esas labores indagatorias podrían sustentarse en "cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo".
El pasado mes de julio, el Delegado de Gobierno en el País Vasco, D. Jesús Loza, hizo público tras reunirse con el Lehendakari la predisposición del Ejecutivo central a que a lo largo de este mes se retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra esa Ley vasca o, en su defecto, a adecuar partes de la misma en el contexto de una negociación entre ambos Ejecutivos.
Fruto de esa noticia, de la arbitrariedad de la Comisión que el legislativo vasco propone en esta norma, así como la propuesta de pretender acreditar vulneraciones de derechos humanos mediante procedimientos “deficientes y subjetivos”, la pasada semana sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles, junto con el Colectivo de Víctimas de Terrorismo (COVITE) hicieron pública su discrepancia ante esta iniciativa tan irregular como incompresible, anunciando futuras medidas encaminadas a defender la dignidad de quienes padecieron durante décadas la violencia de ETA, así como a evitar una narrativa de la actividad terrorista intoxicada y parcial.
A tenor del silencio de las formaciones políticas y estructuras sociales frente a los atropellos de la Administración, y ante lo que se considera un injuria a la a la profesionalidad de miembros de las FFCC de Seguridad en la lucha contra el terrorismo, a través de la pretendida construcción de un relato paralelo que satisfaga a la izquierda abertzale, se ha constituido un Grupo de Trabajo, integrado por los las asociaciones de víctimas COVITE y ACFSE, los sindicatos de Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP, la Asociación Unificada de Guardia Civil -AUGC-así como por personas anónimas y ajenas a estos colectivos. Página 2 de 2
En fechas próximas se convocará una primera reunión del mismo, en la que se fijarán las iniciativas y se determinarán las líneas de actuación que se pondrán en marcha, con el fin de evitar que los desmanes y la debilidad de nuestros responsables políticos, agravien con total impunidad la dignidad de las víctimas de la banda terrorista ETA, y de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
