La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha decidido romper relaciones con la Dirección General de la Guardia Civil después de conocer la apertura de dos nuevos expedientes por falta grave a sus representantes. El motivo, en este caso, es su participación en la concentración que el pasado 4 de marzo se realizó frente al Ministerio del Interior, una concentración autorizada que se convocó para protestar contra la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles.
Los dos nuevos expedientes tienen como protagonistas al secretario general de AUGC, Alberto Moya, y al secretario de Comunicación y portavoz de la organización, Juan Antonio Delgado. Es decir, a los dos rostros más reconocidos de la asociación más representativa de los trabajadores del Cuerpo. El mensaje por parte de la Dirección General a los guardias civiles que no tienen miedo de reclamar sus derechos laborarles es diáfano: el que se atreva a protestar sufrirá severas represalias por ello. Al más puro estilo mafioso.
Estos dos expedientes se suman a los conocidos el pasado martes, abiertos también por falta grave a los siete vocales de AUGC que se negaron a entrar en el Pleno del Consejo celebrado en la mañana del 24 de marzo como medida de protesta ante el desprecio y la falta de derechos que padecen los trabajadores del Cuerpo, circunstancia ésta que se viene agravando en los últimos años, y ante la que nuestra organización ha decidido plantarse con firmeza.
La apertura de estos expedientes a la cúpula de la organización decana de las asociaciones profesionales, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil y que cuenta con más de 30.000 guardias civiles afiliados, constituye un ataque frontal al movimiento asociativo aperturista que aspira a una Guardia Civil a la altura de un Estado democrático, y no un reducto de privilegiados que buscan mantener su rancio estatus a través de la remilitarización y las medidas represoras que ésta conlleva.
Con esto, la Dirección demuestra, además, una alarmante dejación de funciones, entregando el rumbo del Cuerpo al núcleo duro del Generalato. Se confirma así la tendencia involucionista vivida en la Guardia Civil a lo largo de estos últimos cuatro años de Gobierno del PP, que ha dejado la gestión del Ministerio del Interior en manos de su línea más reaccionaria. Muestra de esta actitud es la ausencia del Director General del Cuerpo en los dos últimos plenos del Consejo, un desprecio que deja a las claras el respeto que Fernández de Mesa tiene hacia los trabajadores de la institución que dirige.
Por todo ello, AUGC ha tomado la determinación de no seguir participando en esta pantomima. En adelante serán los tribunales españoles y europeos los escenarios donde los guardias civiles seguiremos exigiendo los derechos que nos corresponden como trabajadores y ciudadanos en un Estado democrático, ya que como tal no parece reconocerlo ni la Dirección General ni el Ministerio del Interior.
También creemos que es nuestro deber dar a la conocer a la sociedad española las condiciones dictatoriales que padecen los trabajadores de la institución que más valoran. Queremos informarles de que el guardia civil que se juega la vida para ayudarle en la carretera, en su pueblo o ciudad, o en la montaña, puede ir a la cárcel por una simple discusión con su jefe; o que ese mismo guardia civil que le protege cada día puede ser mañana desterrado social y familiarmente a miles de kilómetros de su casa por el mero hecho de reclamar sus derechos laborales.
En este sentido, recordamos que la apertura de un expediente por falta grave a un guardia civil puede conllevar, entre otras sanciones, la pérdida de destino, lo que en la práctica supone el destierro profesional, social y familiar del trabajador. Éste es el talante negociador de la Dirección General con los representantes de los guardias civiles, un talante que responde a la actitud que ha mantenido el actual Gobierno durante los últimos cuatro años, más dedicado a la remilitarización de la Guardia Civil que a eliminar la brecha laboral que se ha abierto entre esta institución y el resto de los cuerpos policiales que trabajan en España.
Seguiremos informando de las novedades que vayan produciéndose con la apertura de este expediente y sus posibles consecuencias.
Los dos nuevos expedientes tienen como protagonistas al secretario general de AUGC, Alberto Moya, y al secretario de Comunicación y portavoz de la organización, Juan Antonio Delgado. Es decir, a los dos rostros más reconocidos de la asociación más representativa de los trabajadores del Cuerpo. El mensaje por parte de la Dirección General a los guardias civiles que no tienen miedo de reclamar sus derechos laborarles es diáfano: el que se atreva a protestar sufrirá severas represalias por ello. Al más puro estilo mafioso.
Estos dos expedientes se suman a los conocidos el pasado martes, abiertos también por falta grave a los siete vocales de AUGC que se negaron a entrar en el Pleno del Consejo celebrado en la mañana del 24 de marzo como medida de protesta ante el desprecio y la falta de derechos que padecen los trabajadores del Cuerpo, circunstancia ésta que se viene agravando en los últimos años, y ante la que nuestra organización ha decidido plantarse con firmeza.
La apertura de estos expedientes a la cúpula de la organización decana de las asociaciones profesionales, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil y que cuenta con más de 30.000 guardias civiles afiliados, constituye un ataque frontal al movimiento asociativo aperturista que aspira a una Guardia Civil a la altura de un Estado democrático, y no un reducto de privilegiados que buscan mantener su rancio estatus a través de la remilitarización y las medidas represoras que ésta conlleva.
Con esto, la Dirección demuestra, además, una alarmante dejación de funciones, entregando el rumbo del Cuerpo al núcleo duro del Generalato. Se confirma así la tendencia involucionista vivida en la Guardia Civil a lo largo de estos últimos cuatro años de Gobierno del PP, que ha dejado la gestión del Ministerio del Interior en manos de su línea más reaccionaria. Muestra de esta actitud es la ausencia del Director General del Cuerpo en los dos últimos plenos del Consejo, un desprecio que deja a las claras el respeto que Fernández de Mesa tiene hacia los trabajadores de la institución que dirige.
Por todo ello, AUGC ha tomado la determinación de no seguir participando en esta pantomima. En adelante serán los tribunales españoles y europeos los escenarios donde los guardias civiles seguiremos exigiendo los derechos que nos corresponden como trabajadores y ciudadanos en un Estado democrático, ya que como tal no parece reconocerlo ni la Dirección General ni el Ministerio del Interior.
También creemos que es nuestro deber dar a la conocer a la sociedad española las condiciones dictatoriales que padecen los trabajadores de la institución que más valoran. Queremos informarles de que el guardia civil que se juega la vida para ayudarle en la carretera, en su pueblo o ciudad, o en la montaña, puede ir a la cárcel por una simple discusión con su jefe; o que ese mismo guardia civil que le protege cada día puede ser mañana desterrado social y familiarmente a miles de kilómetros de su casa por el mero hecho de reclamar sus derechos laborales.
En este sentido, recordamos que la apertura de un expediente por falta grave a un guardia civil puede conllevar, entre otras sanciones, la pérdida de destino, lo que en la práctica supone el destierro profesional, social y familiar del trabajador. Éste es el talante negociador de la Dirección General con los representantes de los guardias civiles, un talante que responde a la actitud que ha mantenido el actual Gobierno durante los últimos cuatro años, más dedicado a la remilitarización de la Guardia Civil que a eliminar la brecha laboral que se ha abierto entre esta institución y el resto de los cuerpos policiales que trabajan en España.
Seguiremos informando de las novedades que vayan produciéndose con la apertura de este expediente y sus posibles consecuencias.
