El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido el derecho de AUGC a “reivindicar la necesidad de que la Asociación vele por los intereses más vitales de los miembros del Cuerpo cuando los ataques a estos derechos trascienden la esfera personalísima y de disposición individual otorgan una legitimación praeter persona, que encuentra su legitimación en la realidad, universalidad, notoriedad y características de un mal que ha llevado a la OMS, ya en marzo de 2020, a declarar una situación de pandemia mundial que, a fecha del dictado de la presente sentencia, no solo prosigue sino que en ocasiones se ha intensificado en su virulencia”.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre la puerta a los guardias civiles para ejercer, con carácter individual, acciones contra la Dirección General de la Guardia Civil ante eventuales acciones de responsabilidad patrimonial en relación con aquellos agentes cuyos derechos a la vida e integridad se hayan lesionado como consecuencia de contagios por la Covid-19 derivados del cumplimiento de su servicio.
Por otra parte, el tribunal acoge la crítica del Abogado del Estado en representación de la Directora General de la Guardia Civil a la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alama para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que tilda de estar “plagada de conceptos indeterminados, lógico trasunto de una previa normativa de base que adolece de la misma indefinición impide que se puedan identificar las concretas obligaciones exigibles positivamente a la administración”. Ello supone que quien fue nombrada por el Ministro del Interior para dirigir la Guardia Civil, le critica abiertamente, precisamente, en una materia muy sensible como es afirmar que Grande-Marlaska no aseguró la protección de policías y guardias civiles frente al Covid-19.