Desde que en 2011 se implantó la nueva uniformidad bicolor, nunca se había permitido a los guardias civiles en situación de reserva con destino en sedes judiciales y edificios públicos el uso de dicho uniforme, ni se les había dotado de las citadas prendas.
En marzo de este año los servicios jurídicos de AUGC Córdoba, a petición de los afiliados de esta provincia, elaboraron una propuesta al Consejo de la Guardia Civil que fue tramitada por afectados de todo el país, pidiendo que se les dotara de la uniformidad bicolor y se les permitiera su uso, argumentando para ello que el uniforme utilizado actualmente no es el más adecuado para desempeñar sus funciones, sobre todo ante posibles intervenciones en incidentes entre personas asistentes a juicios y actos similares, y fundamentándose en la normativa sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
Ante dichas propuestas el Mando de Operaciones de la Dirección General respondió que “no se considera oportuno por el momento variar los actuales criterios de adjudicación de la citada uniformidad de servicio bicolor”, bajo argumentos tan peregrinos como que “el personal que se encuentra en situación de reserva con destino lo está con carácter voluntario… dicha voluntariedad acarrea que el solicitante acepta las condiciones en que se presta el servicio”.
Pero como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no nos dan la razón por escrito y sin embargo acto seguido nos la dan por la vía de los hechos, porque el mismo Mando de Operaciones pidió en julio a la Subdirección General de Apoyo que se dote de la uniformidad bicolor al personal en situación de reserva con destino, y dicha Subdirección hace un mes ha dictado instrucciones al respecto: “El personal en situación de reserva con destino que presta servicio de uniforme, especialmente en sedes judiciales y edificios públicos, deberá estar dotado del uniforme de servicio bicolor, quedando autorizado su uso a partir de la presente en las mismas condiciones en las que se venía utilizando el uniforme de servicio antiguo”.
Una vez más AUGC obliga a la Dirección General de la Guardia Civil a rectificar sus erróneas decisiones y actuar con arreglo a la lógica, en beneficio no sólo de sus afiliados sino de todos los guardias civiles.
En marzo de este año los servicios jurídicos de AUGC Córdoba, a petición de los afiliados de esta provincia, elaboraron una propuesta al Consejo de la Guardia Civil que fue tramitada por afectados de todo el país, pidiendo que se les dotara de la uniformidad bicolor y se les permitiera su uso, argumentando para ello que el uniforme utilizado actualmente no es el más adecuado para desempeñar sus funciones, sobre todo ante posibles intervenciones en incidentes entre personas asistentes a juicios y actos similares, y fundamentándose en la normativa sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
Ante dichas propuestas el Mando de Operaciones de la Dirección General respondió que “no se considera oportuno por el momento variar los actuales criterios de adjudicación de la citada uniformidad de servicio bicolor”, bajo argumentos tan peregrinos como que “el personal que se encuentra en situación de reserva con destino lo está con carácter voluntario… dicha voluntariedad acarrea que el solicitante acepta las condiciones en que se presta el servicio”.
Pero como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no nos dan la razón por escrito y sin embargo acto seguido nos la dan por la vía de los hechos, porque el mismo Mando de Operaciones pidió en julio a la Subdirección General de Apoyo que se dote de la uniformidad bicolor al personal en situación de reserva con destino, y dicha Subdirección hace un mes ha dictado instrucciones al respecto: “El personal en situación de reserva con destino que presta servicio de uniforme, especialmente en sedes judiciales y edificios públicos, deberá estar dotado del uniforme de servicio bicolor, quedando autorizado su uso a partir de la presente en las mismas condiciones en las que se venía utilizando el uniforme de servicio antiguo”.
Una vez más AUGC obliga a la Dirección General de la Guardia Civil a rectificar sus erróneas decisiones y actuar con arreglo a la lógica, en beneficio no sólo de sus afiliados sino de todos los guardias civiles.
