Representantes de la Federación andaluza de AUGC junto con la secretaria general de AUGC-Cádiz mantuvieron una reunión de trabajo con la Fiscal Superior Ana Tárrago con el fin de trasladarle los graves problemas que atraviesan los guardias civiles en todo el litoral andaluz, especialmente en la provincia de Cádiz debido al aumento exponencial de la criminalidad a consecuencia del narcotráfico e inmigración ilegal.
Para ello se destacó que el principio de autoridad está por los suelos, ya que ha cambiado ostensiblemente hace tiempo el nulo o escaso respeto a los agentes de la autoridad por parte de los delincuentes en su mayoría encuadrados en clanes de narcotráfico y tráfico de ilegal de personas. El artículo 550 del código penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses los atentados contra la autoridad, situación que vemos en numerosas ocasiones son calificadas por faltas y penas de 50 euros, con lo cual la impunidad por parte de los delincuentes va en aumento.
Por otra parte, la escasez de medios materiales y humanos sigue siendo alarmante. Si añadimos la extensa demarcación policial por parte de la Guardia Civil recogida en la Ley Orgánica 2/1986 hace que sea inasumible su control y vigilancia, como lamentablemente ocurrió recientemente en la localidad de Barbate donde fueron asesinados dos guardias civiles, hace que todavía se más necesario reconocer como Zona de Especial Singularidad la provincia de Cádiz.
Los guardias civiles y policías merecemos de una vez por todas ser reconocidos como profesión de riesgo al igual que otras policías tanto autonómicas como locales. Situación que venimos reclamando hace mucho tiempo, como han podido comprobar los ciudadanos en la manifestación celebrada en Madrid el día 16 del actual donde 40.000 guardias civiles y policías una vez más alzaron la voz para exigir de una vez por todas las justas reivindicaciones salariales y profesionales.
