La Dirección General de la Guardia Civil obstaculiza el ejercicio de la democracia y se afana en continuar como una institución desfasada y del pasado. Así, continua en su obsesión por acallar la labor que desempeña AUGC en defensa de los derechos sociolaborales de los guardias civiles. Su nueva maniobra es la expulsión de los locales asociativos de los trabajadores contratados por esta organización, que ven así peligrar sus puestos de trabajo. Esto, por supuesto, no despierta ningún tipo de reparo en la Dirección General, cuyo único fin parece ser seguir reprimiendo la llegada del ejercicio de los derechos y libertades al Cuerpo, sin importarles las víctimas que dejen en el camino.
Así, esta semana, AUGC Cádiz ha recibido la orden de desalojo del trabajador del local asociativo de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, anteriormente fue Zaragoza y Córdoba. Se trata de trabajadores que desarrollan su labor en locales en los que se atendían a todos los guardias civiles que necesitasen asesoramiento. En el caso de Algeciras, el guardia civil retirado y contratado que hasta la fecha venía desempeñando las labores burocráticas en dichas instalaciones tendrá que cesar en esta actividad.
Esta medida represora es consecuencia de una Orden General que la Dirección General aprobó el pasado diciembre y que condena en muchos casos al paro a docenas de hombres y mujeres cuyo único delito es trabajar honradamente para AUGC y otras asociaciones de guardias civiles.
Esta norma, que entró en vigor el pasado 1 de febrero, establece que en los locales cedidos para uso de las asociaciones profesionales en dependencias oficiales del Cuerpo “no podrá desempeñar su actividad laboral o similar personal ajeno al catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil, o que no mantengan con la misma una relación contractual”. Lo grave y arbitrario de este ataque a los derechos laborales básicos queda absolutamente en evidencia cuando en las unidades de la Guardia Civil ya trabajan cientos de empleados ajenos al Cuerpo en labores administrativas, informáticas y de otros servicios. Por lo que AUGC dará batalla en los tribunales hasta que la justicia se pronuncie sobre esta sinrazón.
