Buena prueba de la a ligereza con la que los mandos de la Guardia Civil utilizan el régimen disciplinario para sancionar es la estadística de expedientes abiertos durante el primer trimestre del presente año, en la que prácticamente se igualan las sanciones por faltas graves y leves, algo totalmente ilógico y desproporcionado. Así, si el número de expedientes por falta grave abiertos durante ese periodo fue de 167, los incoados por falta leve ascendieron a 169.
Además, revisando esta estadística nos volvemos a topar con una constante en la aplicación del régimen disciplinario en el Cuerpo: como siempre, son los guardias civiles quienes reciben casi la totalidad de las sanciones, mientras que los mandos apenas están afectados por los expedientes. Una nueva muestra de la doble vara de medir que existe en la Guardia Civil.
Por otra parte, AUGC lleva meses denunciando la campaña de acoso a sus representantes asociativos por parte de algunos mandos y de la Dirección General, a través de la apertura de expedientes injustificados, incoados como medida represora contra sus funciones asociativas.
Entre estos expedientes y sanciones cabe recordar los abiertos a una Cabo Primero y dos Guardias Civiles, resueltos recientemente por el Director de la Guardia Civil, Félix Azón, con un mes de empleo y sueldo. Nuestra compañera, Pilar Villacorta se enfrentaba a la sanción más dura, tres meses, mientras que para Juan Couce y Alberto Alegría la Dirección General solicitaba dos meses de sanción para cada uno de ellos.
A estos cabe añadir otros ejemplos, como los dos expedientes abiertos contra el secretario general provincial de AUGC Cáceres, Juan Carlos Gómez Alcaraz, ambos por falta leve; el abierto contra el secretario general provincial de Castellón, Antonio González, por no haber acudido a una reunión; o el que sufre el responsable de la Comisión de Tráfico de la asociación, Gustavo Álvarez, al que se le ha incoado un expediente por falta grave por criticar la gestión del Jefe de Sector de Tráfico de la Rioja durante una reunión entre éste y las asociaciones profesionales.
Estos casos no son sino un ejemplo más de los numerosos representantes de AUGC que son sancionados por ejercer el legítimo derecho de asociación profesional, para defender y velar por los derechos de los guardias civiles. Por este motivo, AUGC llevaba a cabo, con una gran repercusión, durante el mes de julio, una campaña con el lema #StopExpedientesAUGC, la cual ha conseguido rebajar la sanción inicialmente propuesta, pero que por desgracia no ha servido para hacer cambiar de idea a quienes aplican el Régimen Disciplinario como herramienta represiva contra los representantes de los guardias civiles.
Ante esta situación, recientemente el senador de Compromís Jordi Navarrete ha presentado cuatro preguntas parlamentarias en las que recoge su preocupación por la línea represora que se sigue por parte del Ministerio del Interior a través de la apertura de expedientes y aplicación de sanciones contra miembros de nuestra organización en el ejercicio de sus funciones asociativas.
El senador valenciano pregunta si "¿piensa el Ministerio iniciar un periodo de diálogo con los responsables de la Asociación Unificada de la Guardia Civil? ¿Cree que el Ministerio que esta reiterada actividad sancionadora hacia los representantes de la AUGC no podría parecer una campaña de acoso?"
