Juan Ignacio Zoido Álvarez (Montellano, Sevilla, 1957), ha sido Ministro del Interior entre noviembre de 2016 y junio de 2018. Magistrado de profesión, actualmente ocupa el cargo de presidente del Comité Electoral del Partido Popular. Fue el hombre que negoció y firmó con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional, en marzo de 2018, el acuerdo de equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas. En esta entrevista exclusiva para AUGC, Zoido recuerda cómo fue el proceso negociador, valora el acuerdo alcanzado y reflexiona sobre otras cuestiones relacionadas con la Guardia Civil.
¿Cómo recuerda su llegada al Ministerio en relación a las demandas que venían produciéndose desde el colectivo de los guardias civiles? ¿Y cómo varía ese recuerdo si se refiere al balance final de su relación con la Guardia Civil y los guardias civiles? ¿Qué cosas le sorprendieron para bien o para mal?
Empezando por el final, he admirado desde niño a la Guardia Civil. He compartido instrucciones con la Guardia Civil a lo largo de mi ejercicio profesional como juez y magistrado, y como ministro he incrementado si cabe mi respeto y admiración hacia la Guardia Civil. En cuanto a las demandas que se vienen produciendo desde hace años, la mayoría de ellas son muy justas y empeñé desde el primer día mi compromiso a atenderlas. En resumen, hago uso de una expresión muy acuñada en la sociedad española, si la Guardia Civil no existiera, habría que crearla inmediatamente
En concreto, ¿cómo vivió el proceso de negociación de la equiparación salarial con asociaciones profesionales y sindicatos?
El acuerdo alcanzado para equiparar los salarios de las fuerzas de seguridad del Estado con otras fuerzas de seguridad fue un hecho histórico que se venía reclamando desde hace 30 años. Dada la dimensión del acuerdo, y como en cualquier proceso de negociación, hubo ciertas dificultades que superar, pero en cualquier caso es de destacar el compromiso y la responsabilidad de quienes representaron en la mesa de negociación tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, sin ellos este acuerdo histórico no habría sido posible.
¿Cómo se ha vivido ese proceso en los diferentes Consejos de Ministros en los que ha participado?
Ni puedo ni debo desvelar los debates del Consejo de Ministros, pero es justo reconocer que el Gobierno, al igual que el ministro del Interior, no tuvo ninguna duda sobre la equiparación salarial. Era una cuestión de Justicia. Y así me lo hicieron saber en repetidas ocasiones compañeros del Consejo de Ministros, mostrando su total apoyo.
¿Habló de ello en privado con el presidente del Gobierno? ¿Tenía usted como ministro algunas instrucciones desde Presidencia de Gobierno?
Las conversaciones privadas no han de darse a conocer, pero tratándose de un acuerdo histórico de gran trascendencia política y económica, es evidente que ha formado parte de las conversaciones frecuentes con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. El presidente consideró justas y apoyó las negociaciones primero y después el acuerdo suscrito. Quiero destacar la colaboración y el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en todo momento facilitó las medidas que dependían de su departamento, que en un tema como el que nos ocupa, es importantísimo.
¿Cree que el acuerdo alcanzado responde a las expectativas de los guardias civiles?
El acuerdo suscrito buscó no sólo una equiparación real, total y absoluta, que es lo que todos deseábamos, sino la garantía de una supervisión externa por parte de una consultoría y asegurar por otra parte que en el futuro no se volvieran a producir estos desequilibrios a la hora de hablar de las retribuciones de distintas fuerzas de seguridad en España. La equiparación económica se garantiza en los presupuestos que se habían aprobado una semana antes de la moción de censura. La contratación de una consultora que asegurara la equiparación total y absoluta en cada una de las categorías también había sido ya contratada y ahora, desde la oposición, el PP instará las reformas legales para que no se produzcan de nuevo los desequilibrios.
¿Cuáles fueron los puntos de fricción más importantes en este proceso?
En procesos complicados, sensibles, con varios actores implicados, siempre existen obstáculos durante el desarrollo. Pero permítame que los guarde para mí, en mi recuerdo, junto a la satisfacción de culminar ese proceso en un acuerdo, como ya he dicho, histórico.
¿En algún momento pensó que podría romperse la negociación?
En ningún momento tuvimos dudas sobre la responsabilidad de los representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la mesa de negociación, su colaboración era imprescindible y desde el Ministerio del Interior nos ganamos su confianza poniendo encima de la mesa primero datos, estudios y cuantificación de las desigualdades, y posteriormente el dinero.
¿Considera que el hecho de que el Parlamento se encontrase tan fragmentado, y que el partido que prestaba apoyo al Gobierno del PP apoyase totalmente la equiparación, condicionó la postura del Ministerio?
La postura del Ministerio no se vio condicionada en absoluto. Las ideas, los objetivos, la injusticia de la situación estuvo clara en todo momento. Nunca olvidamos que los agentes, su entrega, vocación, sacrificio, merecían que el acuerdo de equiparación fuera alcanzado, como así fue.
Tras el cambio de Gobierno, ¿confía en que el acuerdo de equiparación llegue a buen término? ¿Velarán desde el Partido Popular porque así sea? De hecho, ustedes han presentado el día 12 de septiembre en el Parlamento una moción reclamando su aplicación inmediata y en los términos acordados.
Puedo asegurarle que el Partido Popular, con su presidente, Pablo Casado, al frente, exigirá al Gobierno que cumpla íntegramente con el acuerdo de equiparación. Durante la última legislatura dejamos cuantificada la diferencia, el dinero para abonar la primera mensualidad, el compromiso de las dos anualidades siguientes y la autorización de la consultoría externa, que vela por la eficacia y el cumplimiento íntegro del acuerdo. El PP es la garantía del compromiso del acuerdo histórico suscrito.
Sin duda, usted tiene una visión excepcional de los dos cuerpos de seguridad pública estatales, Guardia Civil y Policía Nacional ¿Qué diferencias observa en sus pautas de comportamiento y organización interna?
El comportamiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional es, en la inmensa mayoría de los casos, intachable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un auténtico orgullo para todos los españoles, una referencia a nivel mundial en la batalla contra el crimen, de lo mejor que tenemos en este país, y comparten un compromiso firme, inquebrantable por la seguridad de todos, por la defensa de la Ley y el Estado de Derecho, como así han demostrado en sobradas ocasiones. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen una estructura y una distribución en el territorio nacional que se complementan de manera coordinada. Es un modelo que están imitando todos los países de nuestro entorno y los países de África Central y África Subsahariana.
¿Qué opinión tiene acerca del derecho de sindicación en la Guardia Civil? ¿Piensa que el hecho de que la Policía Nacional tenga sindicatos y la Guardia Civil no lastra las condiciones sociolaborales de los guardias civiles?
Creo que no, el movimiento asociativo de la Guardia Civil está cumpliendo con su misión.
Desde AUGC se reclama una actualización de las Leyes de Derechos y Deberes y de Régimen Disciplinario. ¿Cree que ha llegado el momento de abordar esta cuestión?
Como en cualquier cuerpo y profesión, las actualizaciones deben llevarse a cabo de una manera ordenada para adaptarse a las circunstancias.
Al margen de la equiparación, cómo valora otras reclamaciones de AUGC en cuanto a la falta de material, vehículos viejos, falta de chalecos antibalas individuales, etcétera.
Si se mejoran los medios y las condiciones de aquellos que nos protegen a todos, éstos podrán hacer su trabajo más eficazmente, por lo que cualquier acción en este sentido sería positiva.
En cuanto a problemas concretos que afrontan los guardias civiles en su día a día hay que hablar del narcotráfico en el área del Campo de Gibraltar o la inmigración irregular. ¿Cómo gestionó su ministerio este asunto y cómo cree que debe afrontarse este problema en el futuro?
La situación en el Campo de Gibraltar fue una prioridad para el Ministerio del Interior. Aunque son múltiples los factores que influyen para llegar a la situación actual, como los índices de paro, el absentismo escolar, la posición geográfica… En lo que respecta a la seguridad se potenció en todo momento el trabajo de los agentes en la zona. Yo mismo viajé al Campo de Gibraltar en varias ocasiones y he de recordar que en los cuatro primeros meses de 2018 se incautaron allí 11.282 kilos de cocaína, prácticamente la misma cantidad que se intervino durante todo 2017.
Recordamos que en el primer borrador sobre equiparación salarial se hacía mención a un plan para modernizar las infraestructuras y los medios policiales ¿Cómo de ambicioso es ese plan?
Es un plan necesario y ambicioso y demuestra el compromiso del Ministerio del Interior y del Gobierno de Mariano Rajoy. Lo que se pretendía era invertir en chalecos, escudos o armas para aumentar la seguridad de los agentes cuando realizaban su trabajo; en vehículos para mejorar las capacidades operativas; así como actualizar sus medios tecnológicos, todo ello apuntando al objetivo de aumentar la eficacia de las Fuerzas de Seguridad, de que éstas pudieran poder desarrollar mejor su trabajo por la seguridad de todos. También se fijó como objetivo en ese plan frenar el deterioro de las instalaciones y poner en marcha la construcción de obras nuevas donde no hubiera o donde las ya existentes se encontraran muy deterioradas.
Sobre la reorganización territorial de las unidades de la Guardia Civil sabemos que la Dirección General entregó un informe al Ministerio del Interior ¿Cómo cree que será en un futuro esa distribución territorial para atender las necesidades de los ciudadanos?
Esa decisión corresponde a un Gobierno del que ya no formo parte, pero, en cualquier caso, no me cabe duda de que la Guardia Civil seguirá siendo parte indispensable de este país, de la seguridad de todos los españoles, y deberá adaptarse a las necesidades y distribución geográfica que requieren los ciudadanos.
